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Un profesor de Nottingham ha recopilado 3,800 informes sobre la corrupción en el sistema escolar internacional, que tratan de nepotismo, fraude y trampa. En Inglaterra, destacaron la “reforma” estructural, con su derroche de dinero en escuelas gratuitas que nunca abren, los horribles costos de las continuas Iniciativas de Financiación Privadas (PFIs), y la forma en que las escuelas se enfrentan entre sí para sobrevivir. Ejemplos incluyen un jefe académico diciendo a los maestros que hagan trampa en los exámenes y la reubicación generalizada de los estudiantes para mejorar el rendimiento académico

La directora de una guardería está siendo acusada de aprovecharse de un programa de financiación gubernamental para la educación preescolar y de primera infancia, el cual permitía que niños de dos a cuatro años de edad que pertenecían a familias desfavorecidas, se beneficiaran de tiempo de guardería gratuito entre enero 2017 y diciembre 2018. Ella niega haber presentado solicitudes falsas para créditos de financiación, y haber pedido a los padres que mintieran sobre su situación.

Educación de alumnos académicos perjudicada por fallos en fondos, advierte PM

Las 7,500 academias en Inglaterra educan a casi 4 millones de alumnos. Miles de ellos están siendo fallados por un sistema que no brinda a los fondos académicos una supervisión adecuada. El comité de cuentas públicas reportó que la gobernanza de fondos académicos debe fortalecerse, y que la supervisión por parte del Departamento de Educación debe ser más rigurosa. Los diputados han pedido nuevas sanciones para desalentar y castigar la mala práctica, después de enterarse, que el antiguo director de la Academia Durand del sur de Londres, recibió £850,000.00 en concepto de paquete de indemnización.

En medio de un período de crecimiento para los sectores de educación superior y de formación permanente, con algunas instituciones invirtiendo millones de libras en nuevos proyectos de construcción y desarrollo; funcionarios quieren resaltar como las organizaciones pueden aparecer vulnerables ante los riesgos de lavado de dinero, fraude y crímenes cibernéticos. Las instituciones también tienen el deber de asegurar que los empleados en la cadena de suministro no sean explotados como víctimas de tráfico de personas.