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Mientras lee esto, cientos de académicos y estudiantes del mundo están sufriendo violaciones de sus derechos profesionales y humanos, violaciones que, las más de las veces, pasan desapercibidas. Este tipo de situaciones discriminatorias no son exclusivas de países con historiales poco brillantes en materia de derechos humanos. Por el contrario, en el mundo después del fatídico 11 de septiembre, hasta en las democracias más transparentes están apareciendo síntomas que son motivo de preocupación. Muchas instituciones y académicos del mundo occidental están sujetos a una infraestructura cada vez más sofisticada de vigilancia, intervención y control.

El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2008 de Transparencia Internacional pone de relieve el vínculo fatal existente entre la pobreza, las instituciones fallidas y la corrupción. Sin embargo, otros retrocesos notables registrados en el IPC 2008 indican que la solidez de los mecanismos de supervisión también está en riesgo entre los más ricos. En los países de bajos ingresos, la corrupción desenfrenada pone en peligro la lucha mundial contra la pobreza, que amenaza con descarrilar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM). Según el Informe Global de la Corrupción 2008 de TI, esta corriente de corrupción rampante ascenderían a 50 mil millones de dólares estadounidenses (35 mil millones de euros), o casi la mitad de los desembolsos anuales de ayuda mundial, al coste de la consecución de los ODM en agua y saneamiento.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.

La Junta Nacional para la Educación Superior de Indonesia ha anunciado su determinación de hacer una limpieza en un sector plagado de mala práctica. El consejo ha establecido 2012 como objetivo para librar a las universidades de cursos universitarios no acreditados.

En Kenya, Tanzania y Uganda se ha encontrado a personas que compran diplomas falsificados en toda suerte de fábrica de diplomas y otras universidades fraudulentas. Esas universidades no tienen existencia física y operan sólo mediante sitios en la Web. La mayoría de las fábricas de diplomas operan desde la Gran Bretaña o los Estados Unidos, donde se asume que los estándares académicos son muy altos. Recientemente, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recolectó una lista de más de 10 mil personas que han obtenido un diploma falsificado de fábricas situada en los EE.UU. Un número significativo de ellos provienen de Sudáfrica, Kenya y Nigeria. Actualmente hay unas 80 fábricas de diplomas conocidas que operan desde los EE.UU. y el Reino Unido.

Un profesor alemán ha ganado un caso que sentó precedente y que impide que los editores de la Unión Europea puedan usar compendios universitarios de materiales sin derechos de autor para producir sus propias colecciones comerciales de obras. Un fallo de la Corte Europea de Justicia de Luxemburgo ha declarado que los editores no podrán vender estos libros si "transfieren una parte sustancial" de la fuente original.

Los puestos de los profesores están a la venta en México y esto ha sido así durante decenios. Aunque raramente discutida, esta práctica –iniciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recompensar a las personas leales al partido– está aparentemente muy difundida. Se informa que el precio de un puesto de profesor en una escuela pública primaria se sitúa entre $5.000 y $12.000, dependiendo del lugar. Los profesores que renuncia pueden vender sus puestos o pasarlos a sus hijos. En algunos casos por lo menos, los gobiernos locales y los sindicatos de profesores supervisan el proceso de compra y venta. Sin embargo, un reciente esfuerzo de reforma –la "Alianza por la calidad de la educación" (ACE)– suscrito por el gobierno y el sindicato nacional de profesores en mayo, basaría los nuevos nombramientos de los profesores en el mérito, mediante un examen administrado por un órgano independiente. No sorprende que este acuerdo haya generado una respuesta vociferante de la base. En muchos estados los profesores se han declarado en huelga, marchando hacia las oficinas del gobierno, cerrando escuelas y bloqueando calles.

El proyecto de enmienda de la ley de educación propone la creación de un programa de información que permitirá identificar a los profesores que enseñan sin disponer de un certificado o autorización para hacerlo. Asimismo, la ley ofrece una mayor claridad a los consejos escolares de fideicomisarios sobre sus papeles y aumenta la flexibilidad en relación con el período de elecciones de los consejos, la creación de consejos y la conformación de consejos alternativos.

La semana pasada, la Comisión Nacional de Universidades (CNU) reveló la existencia de 33 universidades ilegales en el país. En mayo, la CNU había declarado que dieciseis de estas instituciones eran ilegales y previno a los nigerianos para que no las frecuentaran. También se declararon iegales los campus satélites, los campus de extension cultural y los centros de estudio sin licencia en todo el país. El órgano regulador de las universidades también declaró que no había autorizado a ninguna universidad foránea para que operara en el país. La CNU dijo que cinco propietarios de ese tipo de instituciones habían sido detenidos y enjuiciados para disuadir a otros.

Desde 1955 hasta 2001, las fábricas de diplomas de Nigeria produjeron anualmente alrededor del 15% del total de graduados universitarios del país. En los últimos nueve años se ha desatado una intensa actividad para erradicar las fábricas de diplomas. En 1999, el Consejo Nacional de Educación (CNE) dirigió la clausura de todos los campus nacionales y satélites extranjeros. También se alió con el Department of State Services (el servicio secreto de Nigeria) para localizar, arrestar y enjuiciar a los operadores de universidades y campus satélites no autorizados. Finalmente, ordenó que las universidades autorizadas difundieran plenamente sus programas, que han sido registrados en el Directorio de Programas Autorizados en el Sistema Universitario de Nigeria.