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Algunos políticos obligaban a las universidades a contratar a amigos suyos a cambio de la garantía de un flujo constante de fondos. A través de la falsificación de documentos y del soborno a los funcionarios adecuados, el personal de la universidad se aseguraba unas pensiones de jubilación mayores y así se podrían retirar antes de la edad habitual.

El Departamento de Educación de Estados Unidos propuso la semana pasada nuevas reglas para flexibilizar una prohibición impuesta a la compensación de incentivos para reclutadores universitarios y eliminar así una norma de ayudas financieras. La propuesta para anular la regla de 12 horas lleva muchos años siendo centro de debate. Los proveedores de educación a distancia han instado al departamento y al Congreso a invalidar esta norma, pero hay quienes apelan a los temores de que relajar la normativa conduciría al fraude.

Un informe del organismo de control del gasto público en Irlanda, la Oficina del Interventor y Auditor General, ha revelado pagos no autorizados de complementos, bonos y pensiones aumentadas a algunos miembros del personal universitario a lo largo de varios años.

Tras siete meses de investigación, se ha descubierto que un buen número de universidades de Chile se encuentran operando de manera ilegal como negocios con fines lucrativos. Entre los descubrimientos realizados por este informe dirigido por un comité especial de investigación se encuentran los siguientes: ocho universidades violaron las leyes existentes que van en contra de la especulación, suben los sueldos de los ejecutivos, circulación de fondos entre empresas bajo una misma propiedad privada y que la externalización de servicios es un medio para generar ingresos.

Cloaca de corrupción en las universidades nigerianas
Un informe reciente realizado por el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socio-Económicos (SERAP) ha descubierto la podredumbre en muchas de las instituciones superiores de Nigeria, destacando una compleja complicidad entre el personal, estudiantes y otros actores. El informe se titula: “Robando el futuro: Cómo universidades federales en Nigeria han sido despojados por la corrupción,” SERAP afirmó que muchas de las denuncias de corrupción en universidades federales – tal como la injusta asignación de calificaciones; inflación de contrataciones; truncamiento del salario del personal en la nómina; empleo de personal no calificado; negligencias en las examinaciones; acoso sexual; y la emisión de resultados para graduarse para estudiantes expulsados, no han sido investigados a fondo.

El Sindicato de Personal Académico Universitario de Kenia (UASU) ha amenazado con ir a la corte si el Ministerio de Educación no toma acción inmediata ante las instituciones de educación superior del país, que han sido reportadas por ilegalmente hacer descuentos de los salarios de sus empleados sin remitir las deducciones a las instituciones pertinentes. El mes pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer un informe de auditoría mostrando que algunas universidades públicas del país estaban descontando billones de chelines de los salarios de sus empleados y no reportaban el dinero regularmente a las instituciones correspondientes. El total de los descuentos salariales ilegales es aproximadamente de US$100 millones.