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Un número de altos funcionarios del Cabo Oriental han sido acusados de corrupción en relación a un programa de nutrición escolar de la provincia por R1 billón; otro caso involucra irregularidades relacionadas al suministro de infraestructuras escolares o denuncias de corrupción en el Departamento de Educación de Limpopo, por el otorgamiento de un contrato a EduSolutions. El contrato para la adquisición de libros de texto escolares en la provincia fue cancelado en 2012, después de haberse pagado millones a EduSolutions.

Seis altos funcionarios de gobierno en el Ministerio de Educación han sido relevados de sus funciones debido a corrupciones masivas, abuso de poder, contratos ficticios, y estafa de fondos públicos, desde hace más de 20 años. El presidente, también ha ordenado que el Comité de Contratos de dicho Ministerio sea “disuelto” de inmediato por “mal manejo en el proceso de adquisición de muebles seleccionados para escuelas de primaria en Uganda, bajo el Ministerio de Educación y Deportes”.

Un nuevo reporte ha descubierto irregularidades masivas en la adquisición de libros de textos para escuelas públicas, con directores jugando un papel importante en el problema. El fraude abarca desde firmas falsificadas, entrega de libros fantasmas, y comités escolares que seleccionan materiales de instrucción a proveedores únicos y sobrevalorados. El Gabinete del Secretario de Educación, recientemente dijo, que a pesar de que el gobierno destinó Sh10 billones para libros desde hace tres años, la mayoría de las escuelas no contaban con los materiales. Calculando, que, la proporción de libros por estudiante es de 5 a 1 en las escuelas primarias.

El Departamento de Educación de Gauteng despidió a cinco funcionarios acusados de robo, fraude y corrupción. Un ex-jefe de departamento fue despedido por presunto incumplimiento en los procesos de licitación y aprovisionamientos y por mala gestión financiera. El departamento suspendió de su servicio a tres funcionarios más a primeros de año después de ser alertado de sus presuntas prácticas ilegales en la cesión de licitaciones, por mala gestión y por no cumplir con la política que rige el aprovisionamiento.