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El reciente aumento de los casos de malas prácticas en los exámenes en Uganda, entre ellos veinticinco incidentes denunciados en relación con el Certificado de Educación de Uganda (UCE) y el Examen de Fin de Estudios Primarios (PLE), ha dado lugar a investigaciones policiales. Entre estos casos, diez se refieren al UCE, mientras que quince están relacionados con el PLE. Si bien a algunos sospechosos se les ha concedido fianza policial durante las investigaciones en curso, el director de la escuela secundaria de Kisugu se enfrenta a graves cargos en virtud de la Ley de la UNEB por confinar ilegalmente a los candidatos e interrumpir un examen.

La Universidad de Sudáfrica (UNISA) se sometió a una auditoría de la calidad realizada por el Consejo de Educación Superior (CHE), que suscitó preocupación por la ambigüedad de funciones entre el Senado y el Consejo, que podría vulnerar la autoridad académica. La auditoría puso de manifiesto problemas de gobernanza, inscripciones tardías que afectan al éxito de los estudiantes y lagunas en la comunicación con estos. La UNISA ha presentado un plan de mejora para resolver estos problemas y espera la respuesta del CHE.

El Ministro de Enseñanza Superior encargó un informe sobre los asuntos de Unisa, la mayor institución de enseñanza abierta a distancia de África. Ha habido denuncias de mala administración, así como de irregularidades en licitaciones, en las que supuestamente están implicados el vicerrector y el director de la universidad. El informe concluye que Unisa está plagada de problemas de gobernanza desde 2016. Entre ellos, el incumplimiento de los procesos de contratación, el nombramiento irregular de miembros del personal y los enormes aumentos salariales.

Se ha pedido a once directores de universidades que presenten un informe detallado sobre la capacidad financiera y académica del departamento o facultad dentro de sus instituciones que forma a estudiantes de doctorado. Se espera que proporcionen detalles sobre cómo se utilizó el dinero desembolsado por el Estado a los paneles de defensa de doctorados en el período 2020-21 y 2022-23. De acuerdo con las directrices del Ministerio, los postulantes a doctorado serán aprobados sólo si tienen suficientes medios financieros y académicos para llevar a cabo proyectos de investigación.

La corrupción y la impunidad en el sistema universitario nigeriano tuvieron una repercusión negativa en la gobernanza de las instituciones terciarias federales y en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. En un informe reciente, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP) afirmaba que variadas acusaciones de corrupción en las universidades federales -que van desde la concesión injusta de títulos, la inflación de los contratos y los recortes salariales del personal, hasta la contratación de personal no cualificado y el acoso sexual- están ya muy extendidas, y el estado de la mayoría de las estructuras que albergan las distintas facultades y departamentos de estas instituciones es deficiente.

El Ministerio de Educación ha suspendido la contratación y el traslado de nuevo personal en todas las escuelas públicas hasta que finalice una auditoría nacional de las nóminas de los funcionarios públicos. La oficina del Auditor General deberá realizar la inspección física del cuerpo docente y los ausentes no serán contabilizados. La Comisión de Servicios Educativos declaró que en octubre de 2022 la nómina del gobierno contaba con más de 1.000 docentes fantasma.

Se ha creado una comisión parlamentaria especial para investigar los certificados falsos y los programas de educación a distancia que no cumplen con ninguna norma o reglamento. Un informe revela que las universidades están recibiendo llamadas de políticos de alto rango pidiéndoles que matriculen a estudiantes en facultades para las que no están calificados. Otros hallazgos incluyen sobornos y corrupción, dificultades de acceso a la enseñanza superior y uso indebido de Internet.

Según la Autoridad Nacional de Certificaciones de Kenia (KNQA por su sigla en inglés), al menos una de cada tres personas asalariadas en Kenia tiene un certificado académico falso, es decir, alrededor del 30% (al menos 250.000) de la plantilla de funcionarios. En marzo de 2023, la Facultad de Medicina de Kenia revocó la admisión de 53 médicos en prácticas tras descubrirse que habían ingresado en la institución con certificados de secundaria falsos. La Comisión de la Administración Pública y la Comisión de Ética y Anticorrupción ordenaron entonces a todos los empleadores públicos y privados que realizaran auditorías de las titulaciones académicas de los empleados en los últimos diez años para garantizar su responsabilidad.

El Consejo de Exámenes Escolares de Zimbabue (ZIMSEC por sus siglas en inglés) retiró los resultados a más de 5.000 estudiantes tras filtraciones masivas. Un director y un docente de la escuela de Thokozani habían sido detenidos tras acceder a los exámenes y venderlos a residentes de Zvishavane. Sin embargo, según un legislador, el ZIMSEC utilizó la escuela como chivo expiatorio para que las investigaciones de la junta examinadora concluyeran precipitadamente.

Catorce miembros del personal académico y administrativo de la Universidad Oficial de Bukavu (Congo) han sido despedidos después de que una auditoría interna revelara que poseían certificados y títulos académicos falsificados. El ex rector ha sido acusado de nepotismo, tras contratar a varios miembros de su familia sobre la base de vínculos familiares, violando al mismo tiempo los procesos normales de contratación.