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El Ministro de Educación ha amenazado con usar el Artículo 44 de la constitución interina para enfrentar los horribles problemas del sector de educación superior del país. Varias universidades del estado y privadas, recientemente han operado programas sin un permiso apropiado. El último escándalo implica a la Universidad de Thonburi (BTU). Aunque tiene permiso para ofrecer un programa de maestría en Gerencia Educacional para 500 graduados cada año, la universidad ha reclutado a más de 2,500 estudiantes para sus programas anualmente.

En Francia se descubrió una de las redes más grandes de inmigrantes ilegales chinos. Se centró en una escuela de negocios privada basada en el 15° distrito. Esta red hizo posible la entrada anual de 500 a 1000 inmigrantes chinos a Francia, en su mayoría hombres jóvenes entre 20 y 25 años de edad. Una vez en Francia, se emitieron certificaciones falsas de su estatus como estudiantes, cartas de notas y diplomas, permitiéndoles establecerse permanentemente, sin nunca haber puesto pie en una clase.

El presidente y Director Ejecutivo de una universidad privada para estudiantes extranjeros ha sido sentenciado a 16 años de cárcel por defraudar al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional tras emitir documentos de visados falsos para estudiantes internacionales como pagos por las tasas de matrículas.

El Departamento de Educación Superior ha advertido a los estudiantes que sean cautelosos con los colegios universitarios privados 'registrados' que ofrecen certificados, diplomas y grados universitarios pero no cuentan con su sello de aprobación. Un portavoz del departamento expresaba su preocupación por la tendencia actual de algunas instituciones que se aseguraban matrículas para uno o dos programas y después utilizaban este estatus como pretexto para ofrecer otros cursos no registrados oficialmente.

La Cámara de los Diputados del gobierno de Chile ha rechazado los hallazgos de un informe que ha investigado las alegaciones de especulación educativa de siete universidades privadas. Líderes de la comunidad estudiantil y políticos de la oposición criticaron esta resolución, reivindicando que el gobierno no debe ignorar la especulación educativa ilegal que está ocurriendo en Chile.

La Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) y la policía han iniciado la persecución de los propietarios de tres universidades privadas ilegales que funcionan en el país. Los propietarios de las instituciones son perseguidos por funcionamiento ilegal y cobro de dinero ilegal a estudiantes ingenuos.