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El West African Examinations Council afirma que no ha registrado ningún caso de fraude en los exámenes durante los últimos cinco años. También negó tener conocimiento de la existencia de "centros especiales de examen". Se alegaba que esos centros habían sido creados por algunos directores y propietarios de escuelas secundarias para beneficiar a sus candidatos, quienes son obligados a pagar derechos de escolaridad más altos que los fijados oficialmente por el WAEC. Se sostiene que el dinero se utiliza para influir sobre funcionarios del consejo a fin de facilitar las preguntas de los exámenes a esos centros antes de la fecha oficial del examen.

Un auditor ha sido acusado de haber maquillado las cuentas para ayudar a ocultar el robo de más de 11 millones de dólares. Las acusaciones implican al superintendente de distrito por el robo de más de 2 millones de dólares, al superintendente adjunto, por apropiación indebida de 4 millones de dólares, y a un ex empleado de contabilidad de la escuela, por el robo de 780.000 dólares. El dinero se estaba destinando a la compra de obras de arte, joyas, viajes al extranjero e hipotecas de viviendas. El escándalo ha desencadenado un cambio radical en la forma de auditar las finanzas de los centros escolares en todo el estado.

El gobernador de la provincia de Nampula ordenó una encuesta por malos manejos financieros en la principal escuela secundaria de la ciudad. Ordenó que el departamento financiero de la provincia y la inspectoría de educación elaboren un informe sobre el uso de 100 millones de meticales (unos US$ 5.000) que se asigna mensualmente para el mantenimiento de la escuela. La escuela carece de mobiliario y tiene las ventanas rotas sólo cuatro años después de haber sido completamente renovada.

El director de una escuela secundaria ha permitido finalmente que la oficina regional de educación lleve a cabo auditorías internas que revisen los libros de cuentas del colegio de donde se informó que faltaba dinero. Aparte de prohibirles la entrada a la escuela a los auditores, el director del centro les amenazó con tomar medidas legales contra ellos.

Un escándalo suscitado por un examen forzó al departamento provincial de agricultura a retener las becas. Las irregularidades afectaron a 38 escuelas y a por los menos 2.000 hojas de examen.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.

Pocas personas se incorporan a la profesión docente por dinero. Los profesores prefieren describir reiteradamente su motivación como "vocación", expresión ampliamente reconocida como un eufemismo de "mal pagado". Pero para algunos profesores con espíritu empresarial, el sistema educativo presenta abundantes oportunidades para hacer dinero. Un informe sobre la corrupción en la educación, publicado esta semana por la UNESCO, destaca la manera en que directores, profesores y funcionarios de educación pueden extorsionar y malversar los fondos destinados a las escuelas.

Los nuevos profesores a menudo reciben sus salarios con meses de atraso. Para cubrir sus necesidades de ingresos tienen que complementarlos con un segundo trabajo. Esto puede afectar su asistencia a la escuela y ejercer presión sobre la cantidad de tiempo del que disponen para preparar sus lecciones. Un informe de 2007 de la ONG camboyana Education Partnership (NEP) revela que los costos de la educación de cada niño era de $108 anuales en promedio o el 9% del ingreso anual de cada familia. "Cuando se incluyen los costos informales y formales de la escuela, así como las clases particulares y la comida, muchos estudiantes están pagando $2,50 diarios", dijo a IRIN el ejecutivo de educación y fortalecimiento de capacidades de la NEP. Según el informe, la incapacidad para pagar contribuciones informales fue la razón más común dada por los padres para explicar el abandono de la escuela por sus hijos.

En Uzbekistán, muchas escuelas carecen de suministros básicos y los profesores a veces recurren a los alumnos pidiéndoles dinero para complementar sus magros presupuestos. El periódico uzbeko Uchitel Uzbekistana informó en agosto de 2007 que incluso los más experimentados profesores de educación primaria y secundaria ganan menos de $100 al mes. En 2007, Transparencia Internacional situó a Uzbekistán en el puesto 176 en su índice de corrupción de los 180 países supervisados.

Afganistán debe enfrentar ahora un problema en materia de educación: la falta de textos escolares. Millones de nuevos textos prometidos y pagados por los donantes no fueron distribuidos debido a la corrupción y a complicaciones burocráticas.  Según las cifras dadas en entrevistas con los funcionarios de las 34 provincias del país, cerca de un tercio de los textos pedidos el año pasado nunca llegaron a destino. Actualmente, los estudiantes sólo tienen la posibilidad de copiar ilegalmente los ejemplares encontrados en los mercados.