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Universidades pudieran atraer sanciones, incluyendo la suspensión de subsidios, si se descubre que sus profesores están guiando al mismo tiempo, a más de ocho estudiantes de Doctorados, como parte de un esfuerzo para tapar vacíos en investigaciones. La Comisión de Subsidios Universitarios pedirá a todas las Universidades que deberán tener programas de anti-plagio para asegurarse que las tesis reflejen investigaciones genuinas. Este paso cobra importancia contra la práctica de algunas agencias que ofrecen sus servicios de investigación a estudiantes para escribir sus tesis por una cuota.

Las universidades aumentan el número de medidas a tomar para combatir el fraude académico ya que existen sitios web que se ofrecen a hacerles sus trabajos escritos. La proliferación de servicios online orientados a estudiantes universitarios que se ofrecen a elaborar sus trabajos escritos a cambio de dinero ha provocado que las universidades revisen su política contra el plagio. DCU es una de una serie de instituciones que están cambiando sus métodos de evaluación, conjuntamente con la aparición de un software de detección del “copia-y-pega”, con objeto de combatir la amenaza que supone el fraude académico.

El plagio es un tema que preocupa a instituciones de enseñanza de todo el mundo. En Nigeria se han planteado varias ideas relativas al plagio, pero que no se han visto corroboradas por falta de hallazgos empíricos. No obstante, un proyecto de investigación de doctorado llevado a cabo recientemente sobre el plagio estudiantil en las universidades nigerianas ha arrojado más luz sobre esta cuestión.

Un estudiante de doctorado de la Universidad de Michigan en Ann Arbor realizó un estudio sociológico sobre la corrupción en la educación superior. Basó su estudio en su propio examen de 2009 en Illinois, donde se produjo un escándalo relacionado con la prueba de acceso. Su estudio se centró en un proceso de admisión, oculto y aparte, que utilizó la Universidad para así facilitar el acceso de solicitantes relacionados con personajes políticos, donantes y funcionarios universitarios. Su trabajo concluye que la mala conducta administrativa es con frecuencia "un problema organizativo que requiere soluciones organizativas."