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La Organisation Tchadienne Anti-Corruption (OTAC) ha lanzado una campaña de sensibilización destinada a educar a alumnos y docentes sobre la importancia de la ética y la lucha contra la corrupción en el entorno escolar. Al subrayar la importancia de combatir las consecuencias de la corrupción, en particular su influencia en las notas y las prácticas nocivas, como los favores sexuales, el coordinador nacional de la OTAC destacó la necesidad de considerar la dimensión de género, fomentando la autonomía de las jóvenes y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Según los informes de la Oficina Central de Lucha contra el Enriquecimiento Ilícito (OCLEI) y de la Oficina del Auditor General (BVG), el sector de la educación en Malí se enfrenta a una serie de malversaciones financieras. Las subvenciones anuales del Estado a las escuelas privadas ascienden a 49 600 millones de FCFA, pero se han detectado irregularidades financieras por valor de más de 19 744 millones de FCFA. Se han cuestionado prácticas dudosas, tales como la atribución de subvenciones a establecimientos no conformes, la emisión de órdenes falsas y pagos irregulares.

El Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Lucha contra la Corrupción han puesto en marcha los "clubes de integración" en el colegio canadiense-haitiano, con la participación también del Liceo Nacional de Pétion-Ville. Cada club, compuesto por ocho miembros, tiene como objetivo comprometer a los alumnos en la lucha contra la corrupción a través del autoaprendizaje y la educación cívica desde una edad temprana. Los directores y representantes de las escuelas han aplaudido esta iniciativa, subrayando la importancia de formar a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos íntegros para construir un nuevo Haití.

Las autoridades educativas en N'Zérékoré organizan una reunión para hacer un seguimiento sobre las sospechas de malversación de fondos vinculados con la compra de pupitres para las asociaciones de padres de alumnos. La Agencia Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Buena Gobernanza ha anunciado la creación de un número verde para señalar los casos de corrupción. Se ha sensibilizado a los responsables de las escuelas y las asociaciones de padres de alumnos sobre el concepto de corrupción y las prácticas inadecuadas. El prefecto ha exhortado a evitar la manipulación de las asociaciones para obtener el dinero de los padres, señalando que los implicados deberán responder ante la justicia.

Las autoridades libias han anunciado hoy la apertura de una investigación tras el escándalo provocado por las revelaciones sobre varias becas de estudio en Turquía de las que se beneficiaron familiares de altos funcionarios de gobierno. Los perfiles de los beneficiarios son asombrosos: una mujer de 74 años que recibe una beca mensual de 2 700 dólares para estudiar informática en Turquía o bien dos hermanos de 57 y 70 años, acompañados, a expensas del Estado, por 10 y 15 familiares respectivamente. Las listas suman “1 895 becarios” a los cuales se les paga un total de más de 14 millones de Euros por trimestre.

En colaboración con la ONUDC y la UNESCO, la Agencia de Prevención y Lucha contra la Corrupción (APLC) ha organizado una formación integral destinada a los formadores de docentes de enseñanza primaria, secundaria y profesional. En su calidad de autoridad nacional de referencia en materia de lucha contra la corrupción, la APLC está dispuesta a luchar de manera exhaustiva y aportar respuestas concretas mediante el desarrollo de una estrategia de prevención capaz de combatir este flagelo.

La Alta Autoridad para la Buena Gobernanza de Costa de Marfil ha anunciado la finalización del diseño de los manuales y del programa de formación titulado "Educación en la lucha contra la corrupción", destinado a estudiantes y futuros funcionarios. Los documentos se remitirán al gobierno para su aprobación. Este proyecto de lucha contra la corrupción se puso en marcha en el 2019 desde la educación preescolar hasta la superior, pasando por la educación primaria, secundaria, técnica-profesional, así como por las escuelas de formación profesional

Un falsificador detectado en 2019 por el Ministerio de Educación Superior ha sido acusado de falsificación, y venta de documentos oficiales, fraude y blanqueo de capitales. Desde 2015, vendía miles de diplomas falsos a 200 euros cada uno. Con la complicidad de un conductor de taxi-ambulancia que fotografiaba los documentos de los pacientes, compraba tarjetas de prepago con estas identidades falsas, que luego eran pagadas mediante transferencias electrónicas por los compradores de los diplomas falsos a través de sus propias tarjetas de prepago.

Cuando una estudiante de doctorado denunció el robo de su trabajo, le dijeron que era parte del juego. Uno de cada cinco estudiantes de doctorado del mundo académico se enfrenta a esta práctica. Según una encuesta en línea realizada entre 1,800 estudiantes de doctorado y jóvenes doctores, el 21% de los encuestados afirmó haber visto cómo otra persona se atribuía su trabajo. Preocupados por las repercusiones en sus futuras carreras, muchos estudiantes de doctorado optan por guardar silencio sobre este tipo de abusos.