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El Secretario General del Partido Republicano Turco (CTP) destacó la importancia de la investigación en curso sobre el escándalo de los diplomas falsos y sus implicaciones para la corrupción en los altos círculos burocráticos y políticos. Promete el compromiso del CTP en la supervisión del proceso y el trabajo para mejorar la eficacia de organismos reguladores como el Consejo de Planificación, Evaluación, Acreditación y Coordinación de la Educación Superior YÖDAK, con el fin de mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas en las instituciones de enseñanza superior.

En Nigeria, un comité dirigido por el Ministro de Educación, está investigando las actividades ilícitas y las fábricas de diplomas. Instituciones afiliadas de varios países están bajo escrutinio. El comité pretende abordar las infracciones en el proceso de acreditación de universidades tanto locales como extranjeras, tras las revelaciones de prácticas fraudulentas. Los expertos sugieren mejorar los procesos de acreditación y la concienciación pública para combatir el problema.

El Consejo Interuniversitario de África Oriental y los Estados miembros de la Comunidad de África Oriental deben abordar el problema de la enseñanza deficiente en las universidades privadas que funcionan sin los requisitos mínimos. Los miembros de la Asamblea Legislativa de África Oriental están preocupados por esas "universidades charlatanas" en las que se engaña a los estudiantes para que se matriculen, pero luego no consiguen graduarse tras el cierre de las universidades. Es el caso de la Universidad de Kampala, que abrió una sucursal en Juba pero cerró sin informar a los estudiantes, dejándolos varados.

La Universidad de Johannesburgo (UJ) es la primera institución terciaria sudafricana que utiliza la tecnología blockchain como medida de seguridad adicional para proteger sus certificados contra alteraciones o falsificaciones. El Director de la Administración Académica Central pide a todas las instituciones terciarias que mejoren en forma conjunta la integridad de sus certificaciones y permitan que las empresas instauren un sistema de verificación de certificaciones sencillo y sin costo alguno, lo que ayudará a evitar el fraude en los certificados y a frenar la falsificación.

Tres graduados de la Universidad Egerton de Kenia no pueden ofrecer sus servicios profesionalmente, ya que su licenciatura en ciencias no ha sido acreditada desde su graduación en 2019. Presentaron su caso ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, solicitando 2,2 millones de KES (19.000 dólares) y que la universidad les ofrezca ocho cursos de recuperación para que puedan actualizar su título.

Los ministros de Educación Superior de Camerún han revelado que la Universidad Americana privada de África Central es una universidad clandestina, que funciona sin autorización, y ha aconsejado a los padres de los estudiantes que permanezcan atentos. En 2020, el ministro ya había ordenado al Centro Regional Africano de Formación para la Administración del Trabajo, al Instituto Panafricano para el Desarrollo y al Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología de Bamenda que dejaran de conceder títulos, y suspendieran todos los programas de máster y doctorado por incumplimiento de las condiciones de acreditación que se les había concedido.

Tras la detención de un profesor de la Universidad de Kigali por presunta falsificación de documentos académicos, el Consejo de Educación Superior de Ruanda (HEC), decidió retirar el reconocimiento de los títulos de doctorado obtenidos en la Atlantic International University (AIU) de Estados Unidos. La universidad cuenta con una acreditación de una agencia educativa internacional independiente con sede en el Reino Unido, sin embargo, el HEC la desestimó por no ser una agencia gubernamental encargada de la acreditación en el Reino Unido o en otros países.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.