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La incidencia del plagio en las declaraciones personales presentadas por estudiantes para el ingreso a universidades británicas se ha duplicado en los dos últimos años, siendo la India el país con mayor número de casos de este tipo entre los solicitantes internacionales. Según un portavoz del Servicio de Admisiones a Universidades y Colegios, en 2023 se identificaron 7 300 solicitudes como plagio, de las cuales 765 procedían de la India, frente a las 3 559 identificadas en 2021.

Varios informes revelaron que una empresa de estudios en el extranjero con sede en Jalandhar había presentado alrededor de 700 solicitudes fraudulentas de visa para estudiantes entre 2018 y 2022. Los estudiantes, tras finalizar los cursos y cumplir los requisitos laborales, solicitaron la residencia permanente en Canadá y presentaron documentos de respaldo. La Agencia Canadiense de Seguridad Fronteriza examinó los documentos a partir de los cuales se concedieron los visados a los estudiantes y descubrió que las cartas de admisión eran falsas. El Gobierno está investigando las denuncias de cartas de admisión fraudulentas.

Se ha creado una comisión parlamentaria especial para investigar los certificados falsos y los programas de educación a distancia que no cumplen con ninguna norma o reglamento. Un informe revela que las universidades están recibiendo llamadas de políticos de alto rango pidiéndoles que matriculen a estudiantes en facultades para las que no están calificados. Otros hallazgos incluyen sobornos y corrupción, dificultades de acceso a la enseñanza superior y uso indebido de Internet.

Se plantean cuestiones de trampas sobre la curva de crecimiento anormalen los resultados de los exámenes. En el 2022, 173.000 estudiantes de bachillerato han sido admitidos en universidades con un nivel C+ o superior, frente a 145 en el 2021 en los exámenes del Certificado de Educación Secundaria de Kenia (KCSE). Esto implica que 6.300 estudiantes superan las 167.046 plazas disponibles en las universidades públicas y privadas en el 2021.

La figura central de la estafa en la que padres con alto poder adquisitivo pagaban enormes sumas para hacer trampas en los exámenes estandarizados, ha sido condenada a tres años y medio de prisión federal. El cerebro de la estafa conocida como Operación Varsity Blues se declaró culpable de asociación ilícita, blanqueo de capitales, y conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y fraude en el extranjero.

La Comisión Nacional de Estudiantes de Medicina, Odontología y Farmacia de Marruecos (CNEMEP) ha solicitado al Ministerio de Educación Superior marroquí que investigue las capturas de pantalla de las conversaciones en grupos de WhatsApp que muestran a los candidatos a las facultades de medicina haciendo trampas en sus exámenes de ingreso. El CNEMEP ha anunciado procedimientos legales y administrativos contra los implicados. En caso de ser necesario, se repetirá el examen para dar a todos los aspirantes las mismas oportunidades y proteger la reputación de la Facultad.

Seis ciudadanos iraníes y azerbaiyanos han sido detenidos por robar y vender preguntas y respuestas de la Prueba de Evaluación Académica (SAT), que realizan los estudiantes extranjeros para ser admitidos en universidades de Estados Unidos y Turquía. Al parecer, los sospechosos cobraban a los "compradores" entre 2,000 y 3,000 dólares por las preguntas facilitadas en su red denominada "casas de cuarentena". Al registrar los domicilios en los que se detuvo a los sospechosos, la policía turca encontró documentos de admisión al SAT, libros de preguntas de exámenes oficiales y una gran cantidad de pruebas digitales.

La Universidad Nacional de Pusan, anunció la decisión de revocar la admisión de 2015, de la hija del ex ministro de Justicia en su facultad de medicina porque sus padres falsificaron sus credenciales. El reglamento de admisión estipula que los solicitantes no pueden ser admitidos si su documentación es falsa, y puede ser cancelada incluso décadas después de la graduación si se descubre el fraude.

El Tribunal Superior del Estado de Gombe condenó a un director de escuela secundaria jubilado a dos años de prisión, por fraude y gestión de instituciones ilegales. Entre 2009 y 2015, estafó a los candidatos por más de 3,8 millones de euros, con el pretexto de ofrecerles la admisión en sus tres instituciones superiores ilegales.