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El West African Examinations Council afirma que no ha registrado ningún caso de fraude en los exámenes durante los últimos cinco años. También negó tener conocimiento de la existencia de "centros especiales de examen". Se alegaba que esos centros habían sido creados por algunos directores y propietarios de escuelas secundarias para beneficiar a sus candidatos, quienes son obligados a pagar derechos de escolaridad más altos que los fijados oficialmente por el WAEC. Se sostiene que el dinero se utiliza para influir sobre funcionarios del consejo a fin de facilitar las preguntas de los exámenes a esos centros antes de la fecha oficial del examen.

El Secondary School Teachers Union de Zambia (SESTUZ), culpó a los padres de familia por la amplitud de las prácticas dolosas en los exámenes. Hay padres de familia que lideran la organización y la compra de exámenes para sus hijos.

Un programa piloto llamado 'Lucha contra la corrupción a través de las escuelas' enseñará a estudiantes y padres a identificar y actuar contra actos fraudulentos en sus escuelas y en otros ámbitos de la sociedad. La mayoría de los funcionarios de Camerún, incluyendo a los profesores, ganan bajos salarios y dependen de sobornos para alimentar a sus familias.

El Gobierno insta a que los exámenes se escaneen con una aplicación informática especializada como parte de una campaña de lucha contra el plagio en Internet protagonizada por estudiantes de secundaria en sus cursos obligatorios. La Autoridad de Cualificaciones y Curriculum advierte que las juntas de exámenes parecen estar fallando a la hora de detectar el engaño, a pesar de que el número de casos de fraude es cada vez mayor. El año pasado 3.600 adolescentes fueron sorprendidos violando normas, lo que supone un aumento del 9 % con respecto al año anterior.

Los comités de exámenes dan cuenta de un fuerte aumento del número de adolescentes que copian en los exámenes públicos. El año pasado, más de 2.500 alumnos perdieron notas por violar las reglas en los exámenes de "GCSE" y "Advance-levels" –un aumento de 9% en relación con 2003–. Más de 900 estudiantes fueron sorprendidos plagiando sus deberes. Se ha aplicado un total de 1.013 castigos por uso inapropiado de los teléfonos móviles –16% más que en el mismo período del año pasado.

Legisladores del Estado de Ondo han aprobado una pena de cárcel de entre tres y cuatro años o bien una multa para aquellos directores que lleven a cabo malas prácticas durante los exámenes en colegios públicos. Cualquier candidato que abandone la sala de examen con la intención de copiar o beneficiarse de forma ilícita corre el riesgo de pagar una multa y/o ser enviado a prisión por un periodo de hasta tres años.

El Departamento de Educación de Mpumalanga ha dado comienzo a un procedimiento disciplinario contra 61 profesores acusados de verse envueltos en un caso de mala práctica en los exámenes de matriculación del año pasado. Las investigaciones llevadas a cabo han revelado que los candidatos recibieron ayuda, posiblemente por parte de los profesores, en una o más asignaturas. Dichas prácticas ilícitas tuvieron lugar en 10 de los 587 centros examinadores de la provincia de Mpumalanga.

El despido de un profesor que ayudó a sacar a la luz pública los casos de alumnos que hacían trampas en los exámenes de acceso del año pasado demuestra que los derechos de los denunciantes no están lo suficientemente protegidos. Todo esto sucedía a pesar de la promesa del Ministro de Educación de que se protegería a todo aquél que denunciara casos de malas prácticas. Siete meses después del fraude cometido en los exámenes de acceso de Mpumalanga, la única persona que ha sido penalizada es uno de los denunciantes.

Un escándalo suscitado por un examen forzó al departamento provincial de agricultura a retener las becas. Las irregularidades afectaron a 38 escuelas y a por los menos 2.000 hojas de examen.

El fiscal de delitos económicos de Mar del Plata investiga a 96 policías por utilizar títulos del secundario falsificados para poder ascender en el escalafón policial. El fiscal también informó que un informe preliminar del Ministerio de Educación de Buenos Aires confirma que de 250 certificados secundarios de policías investigados al menos 96 son falsos.