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Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

Una investigación en una escuela de la Ciudad de Baltimore encontró que los administradores tramaron para inflar las matrículas, presionaron a los maestros para cambiar calificaciones y programaron a los estudiantes en clases que no existían. Durante tres años, cerca de 100 estudiantes permanecieron en las listas, pero no asistieron a la escuela. La escuela operaba cursos vespertinos y de verano diseñados para que los estudiantes pudieran recuperar créditos, pero los cursos no cumplieron con los estándares. En algunos casos, profesores no cualificados fueron asignados a enseñar, y en otros casos, miembros del personal fueron nombrados profesores de una clase que nunca dieron.

Una auditoria revela que “Indiana Virtual School” e “Indiana Virtual Pathways Academy”, recibieron indebidamente $68.7 millones en pagos del estado al confirmar inapropiadamente a estudiantes inscritos entre 2011 a 2019, a pesar de no tener actividad de curso en línea. Ambas escuelas operaron bajo una misma administración y declararon 7,200 estudiantes el año pasado. Sin embargo, cerraron el verano pasado después que funcionarios nacionales cortaran la financiación.

Un informe de 2019 muestra que no se reportaron $6.5 billones en regalos extranjeros a instituciones de los Estados Unidos. Para que las universidades rindan cuentas y asegurar que sus informes estén completos, exactos y transparentes, el Departamento de Educación hace cumplir la Sección 117 de la Educación Superior, la cual requiere que universidades reporten todos los regalos y contratos por un valor de $250,000 o más que involucren a fuentes extranjeras.

Las universidades de los E.E.U.U. usan una variedad de enfoques para combatir la trampa, desde programas avanzados de detección de plagio, acciones legales en contra de compañías que ofrecen servicios de escritura de materias, hasta entrevistas con estudiantes sospechosos de hacer trampa por contrato. En Canadá, el Consejo de Integridad Académica de Ontario reúne dos veces al año a funcionarios universitarios para compartir las mejores prácticas. Australia y Nueva Zelanda cuentan con una legislación similar: penas de prisión de hasta dos años y fuertes multas.

Tras la elección del Presidente, defensores y legisladores expresaron su preocupación sobre que pasará con las actuales regulaciones destinadas a responsabilizar a las universidades con fines de lucro. El martes, sus preocupaciones se hicieron realidad. El Departamento de Educación anunció que retrasaría y renegociaría dos de los principales reglamentos de la administración anterior. La primera tiene como objetivo penalizar los programas en los cuales las cuotas de préstamos de graduados exceden un porcentaje establecido de sus ganancias, mientras el segundo simplifica el proceso para prestatarios que afirman haber sido estafados por sus universidades.

Miembros del Comité Nacional Consultivo de Calidad Institucional e Integridad (en inglés National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity) estuvieron debatiendo su ultimo conjunto de propuestas para revisar el proceso de acreditaciones y la manera en que el comité evalúa a los órganos de acreditación. Poco después, El Comité del Senado de los EE.UU. de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (en inglés US Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions) hizo público un conjunto de propuestas parecidas en un libro blanco redactado por los miembros del comité.