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El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (PCCB) y la Autoridad de Control y Aplicación de Drogas (DCEA) se unieron recientemente para combatir la corrupción y el consumo de drogas en las instituciones educativas. Firmaron en Dodoma un pacto titulado "Eliminar la corrupción y las drogas ilícitas en las escuelas e instituciones de aprendizaje superior". El memorando se centra en el intercambio de información para prevenir estos vicios y tiene por objeto desalentar la participación de los jóvenes en la corrupción y el uso indebido de drogas. La PCCB ha creado 7.000 clubes anticorrupción en escuelas e instituciones de enseñanza superior del país.

El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

El Ministro sudafricano de Educación Superior reveló su preocupación por la corrupción rampante y los problemas de gobernanza en las universidades. Insinuó posibles cambios legales futuros para reforzar la eficacia del sistema, y destacó problemas como la falta de experiencia de los miembros del Consejo de Gobernanza y la normalización de la corrupción en las cadenas de suministro de las universidades. Aunque no se desvelaron las modificaciones legislativas concretas, entre ellas podría figurar la revisión de la autonomía universitaria. El departamento pretende establecer un defensor del pueblo y una rama dedicada a abordar los problemas de gobernanza.

El Ministerio de Educación y Cultura indonesio ha revocado 31 licencias de enseñanza superior privada tras constatar que las instituciones no cumplían con las normas exigidas en cuanto a instalaciones y número de estudiantes, que la enseñanza era deficiente y que había habido denuncias de materias ficticias y emisión fraudulenta de diplomas. El Ministerio ayudará a los estudiantes de los centros afectados a trasladarse a centros acreditados. Los profesores de los que se demuestre que no han participado en los planes fraudulentos recibirán la misma ayuda; de lo contrario, se los incluirá en una lista negra.

Varias de las mejores universidades de Australia han confirmado en un comunicado que a principios de este año fueron informadas de "un aumento significativo de certificados analíticos fraudulentos del Diploma de Enseñanza Secundaria de Ontario". Como consecuencia de ello, las universidades aceptarán estudiantes de un número seleccionado de escuelas de Ontario que hayan pasado por un riguroso proceso de verificación. La cobertura en idioma chino de las acusaciones de fraude incluía una lista de 152 escuelas que las universidades australianas habían considerado "no verificadas o no genuinas".

Las universidades de Australia Occidental se han visto envueltas en denuncias de que sus estudiantes están pagando a un servicio de escritura fantasma académica para completar sus tareas. Un denunciante afirma haber realizado trabajos para estudiantes de universidades de Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La Agencia de Estándares y Calidad de la Educación Terciaria de Australia acaba de tomar medidas contra los sitios comerciales de trampas académicas valiéndose de las nuevas leyes anti trampas de Australia. Los estudiantes que pagan por hacer trampas están sujetos a las políticas disciplinarias de su institución.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

En los últimos dos años, han faltado 100,000 alumnos de las listas de escolarización. El Gobierno ha anunciado que se introducirá un registro nacional para evaluar cuántos alumnos no asisten a la escuela en todo el país. El Libro Blanco sobre las escuelas anunció que se introducirían leyes para modernizar el registro de asistencia, con una "solución nacional de datos" utilizada para hacer un seguimiento de la asistencia y proporcionar una "red de seguridad" para los alumnos vulnerables en riesgo de desaparecer de las listas escolares.

Los servicios de trampas académicas en línea que ofrecen hacer trabajos por menos de 100 dólares australianos se dirigen a los estudiantes internacionales de Australia que realizan cursos de formación profesional en universidades privadas, incluidos los que no requieren asistencia a clase. Según la ley introducida en septiembre de 2020, los proveedores que se encuentren vendiendo o anunciando servicios de engaño por contrato, pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión y una multa de hasta 110,000 dólares. Los proveedores de educación superior instan al gobierno federal a ampliar esta legislación al sector de la Formación Profesional.