Página de búsqueda

Durante una audiencia en el Senado sobre los cambios en la carta magna de Filipinas, los expertos en educación expresaron su preocupación por los posibles riesgos relacionados con la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera. Un asesor educativo destacó la reputación del país en cuanto a fábricas de diplomas, advirtiendo que podría atraer a universidades extranjeras de baja calidad en lugar de a instituciones prestigiosas. A pesar de los debates sobre la Resolución de ambas Cámaras (RBH 6), que propone la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera, persiste la preocupación por la regulación de las instituciones por debajo de los estándares de calidad y la posible comercialización de la educación.

El sector público de Kenia se enfrenta a una crisis, ya que una auditoría de la Comisión de Servicios Públicos reveló más de 2 000 casos de certificados académicos y profesionales falsos de empleados de la administración. Se descubrió que 787 funcionarios habían utilizado credenciales falsas, desde certificados falsos de educación secundaria y terciaria hasta calificaciones alteradas. Este fraude generalizado, que afecta a varias instituciones gubernamentales, socava la confianza de los ciudadanos. La legislación propuesta pretende abordar el problema, pero se necesitan reformas urgentes para restablecer la integridad y la rendición de cuentas.

En Nigeria, un comité dirigido por el Ministro de Educación, está investigando las actividades ilícitas y las fábricas de diplomas. Instituciones afiliadas de varios países están bajo escrutinio. El comité pretende abordar las infracciones en el proceso de acreditación de universidades tanto locales como extranjeras, tras las revelaciones de prácticas fraudulentas. Los expertos sugieren mejorar los procesos de acreditación y la concienciación pública para combatir el problema.

Un estudio reciente llama la atención sobre la preocupante tendencia de las "ofertas de titulaciones basadas en la experiencia de vida" (LEDO, por sus siglas en inglés) ofrecidas por las fábricas de diplomas, arrojando luz sobre cómo estos productos engañan a los consumidores. Las LEDO explotan el concepto de "acreditación de aprendizajes previos" y pretenden ofrecer certificaciones basadas únicamente en los currículos presentados y no en la experiencia genuina. El estudio revela que, a pesar de los posibles beneficios socioeconómicos, las LEDO ignoran el verdadero valor de la educación, utilizando productos como los diplomas para dar prioridad a la legitimidad percibida sobre el propio proceso educativo. Además, la investigación pone de relieve la falta de orientación adecuada sobre los riesgos del blanqueo de dinero y la utilización de los estudiantes como "mulas de dinero".

La publicación “Títulos falsos y credenciales fraudulentas en la educación superior" reúne contribuciones de autores de distintos campos y partes del mundo, presenta una visión general de diversos aspectos del fraude académico y hace hincapié en la pérdida de confianza dentro del mundo académico y entre los académicos, algo que acompaña sistemáticamente a estos casos. En el primer capítulo del libro, dedicado a las trampas en los contratos y las fábricas de textos, nos enteramos de que la industria mundial de los títulos falsos ha crecido de 1 000 millones de dólares en 2015 a 22 000 millones en 2022. Los expertos calculan que 4 700 millones de personas obtienen o han obtenido títulos falsos.

El Departamento de Justicia ha revelado las acusaciones de conspiración y fraude electrónico contra 25 personas por la venta de 114 millones de dólares de 7.600 diplomas falsos de tres escuelas de enfermería del sur de Florida ya desaparecidas. Según un agente del FBI, la investigación sobre los certificados de enfermería comenzó en 2019. Los certificados permitían a personas sin formación presentarse a los exámenes nacionales de la junta de enfermería y al menos 2.800 de ellas aprobaron.

En virtud de las nuevas medidas aprobadas sobre la integridad académica para sus candidatas y candidatos, la totalidad de los miembros del Partido Democrático Progresista (DPP por sus siglas en inglés) que se presenten a las elecciones tendrán que enumerar sus títulos y firmar una declaración de ética académica en la que declaren que no incurrieron en plagio, falsificación ni escritura fantasma al escribir sus tesis. Esta medida sigue a la revocación de varios títulos de doctorado de miembros del DPP por acusaciones de plagio.

Un estudio reciente realizado en Kenia reveló que el 68% de los encuestados había incurrido en alguna forma de mala conducta, mientras que el 36% admitió haber cometido las infracciones más graves de fabricación, falsificación o plagio. Para promover las prácticas éticas de investigación, la transparencia, la equidad, la responsabilidad y el rigor en todo el continente, se ha puesto en marcha la Red Africana de Integridad en la Investigación (ARIN). La asociación se registrará en diferentes países donde se establecerán nodos.