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Según un informe de TI Ruanda, a las estudiantes se les piden favores sexuales a cambio de notas y a menudo son objeto de corrupción por razón de género cuando escriben sus disertaciones. El informe revela que el acoso sexual en las universidades sigue siendo frecuente e incluye lenguaje sexualmente sugerente, extorsión sexual por parte de los superiores y presión para realizar favores sexuales a cambio de oportunidades. Se aconseja a las estructuras de dirección de las universidades que pongan en marcha medidas para identificar y castigar cualquier cuestión de género y proteger a los informantes cuando se produzcan casos.

Según una encuesta realizada por el Centro para el Desarrollo del Activismo Juvenil (CROA por su sigla en inglés) entre 2.000 estudiantes universitarios y 500 empleados, uno de cada cuatro estudiantes se ha enfrentado a hechos de corrupción, como pagar por una nota mejor. Además de los sobornos y la compra forzada de libros de texto, algunos estudiantes fueron presionados para afiliarse a partidos políticos y extorsionados para obtener favores sexuales. El CROA no sólo transmite las denuncias a las universidades para que realicen una investigación de seguimiento, sino que también planifica formación sobre lucha contra la corrupción para profesores, personal y estudiantes. Y está trabajando para incluir el conflicto de intereses en los códigos de ética de las universidades.

Tres mujeres de Georgia y un hombre de Alabama se declararon culpables de conspirar para defraudar millones de dólares a los programas de asistencia financiera federal del Departamento de Educación de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, admitieron haber matriculado a personas que no cumplían los requisitos para asistir a la universidad y haber completado solicitudes de asistencia financiera utilizando nombres de estudiantes falsos; también hicieron deberes y exámenes falsos de los estudiantes y manipularon los requisitos de grado para seguir teniendo derecho a la asistencia financiera federal.

Un colectivo de universitarios argelinos llama la atención sobre los problemas que corroen a las universidades de Argelia: violencia, favoritismo, deferencia y contrataciones basadas en criterios de lealtad y no de competencia. Según uno de los autores, "la falta de méritos, la intrusión de la política en la ciencia y la preeminencia de la administración sobre la corrupción educativa, y la censura han primado en el ámbito universitario".

La Comisión Anticorrupción de Malasia ha detenido a 59 funcionarios de universidades públicas y privadas entre 2017 y 2022 por soborno, abuso de poder, demandas fraudulentas y otros delitos financieros. Uno de los casos se refería a un director de una universidad pública que en este último tiempo recibió un auto como incentivo para ayudar a una empresa a obtener una licitación por valor de unos 1,6 millones de RM, en tanto que un profesor universitario también fue detenido por supuestas demandas fraudulentas relacionadas con un fondo para investigación de 66.000 RM.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

La Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad ha presentado una denuncia ante el Tribunal Especial contra 11 personas por malversar una enorme cantidad de dinero del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) para llevar a cabo programas de formación docente. La administración de la escuela y los funcionarios del CETP se confabularon para malversar fondos estatales presentando facturas falsas, incluso por instancias de capacitación nunca realizadas.

La Comisión Anticorrupción de Indonesia (KPK) ha detenido al rector de la Universidad de Lampung por haber recibido supuestamente 5.000 millones de dírhams (336.000 dólares) por sobornar a las familias de los estudiantes que no aprobaron los exámenes de ingreso a la universidad conocido como régimen autónomo de admisión. Según la KPK, este examen de "régimen autónomo" realizado por las universidades es vulnerable al soborno debido a la falta de transparencia y de lineamientos específicos del Ministerio de Educación, lo que deja a las universidades estatales sin supervisión.

El informe de Corruption Watch titulado "Haz sonar la alarma" revela formas escandalosas de corrupción en el sector educativo: malversación generalizada de recursos, actos de soborno, sextorsión, abuso de autoridad, así como irregularidades laborales. Entre 2012 y 2021, desde el nivel primario hasta el terciario, se registraron más de 3.600 denuncias de alumnos, estudiantes, padres y tutores, que representan el 10% del total de denuncias recibidas.

Dos empleados de la Junta de Préstamos y Becas para Estudiantes de Educación Superior (HESLGB) fueron detenidos en Lilongüe por el presunto robo de 335 millones de MWK (326.000 dólares) destinados a préstamos para estudiantes entre 2018 y 2019 a través de una institución de educación superior privada. Al no poder pagar el alquiler y ofrecer préstamos a los estudiantes de las instituciones terciarias, la universidad propuso a la junta que le donara 10 millones de MWK (9.750 dólares). La junta, en cambio, envió 300 millones de MWK y pidió a la universidad que devolviera la diferencia a varias cuentas pertenecientes a empleados de la junta de préstamos.