El Departamento de Justicia y cuatro estados presentaron una demanda de fraude de miles de millones de dólares en contra de la Educación Management Corporation, la segunda mayor empresa de la universidad con fines de lucro de la nación, alegando que no tenía derecho a los 11 mil millones de dólares de ayuda financiera estatal y federal que había recibido entre julio de 2003 y junio de 2011.

Un nuevo informe del gobierno sobre técnicas de contratación en la industria de la educación superior con ánimo de lucro encuentra casos de funcionarios universitarios que les piden a los solicitantes que inventen niños y oculten sus ahorros como una manera de conseguir más ayuda federal.

En el año fiscal 2010 los centros educativos, universidades y otras instituciones académicas han recibido de miembros individuales del Congreso algo menos de dos mil millones de dólares estadounidenses en subvenciones, según revela un análisis de la revista Inside Higher Ed. Estas marcas anuales son ridículas y se las suele tachar de "gastos de clientelismo", ya que se contemplan como intentos de los legisladores por mantener felices a sus electores para que les voten.

Una mujer en Arizona se declara culpable de dirigir un elaborado timo que pone de relieve lo que las autoridades federales describen como la vulnerabilidad de la educación online en cuanto al fraude de ayuda financiera. El proyecto implica al Instituto de Rio Salado, sede de uno de los mayores programas online de América, en un timo de medio millón de dólares.

De manera indebida, el gobierno de Baja California destinó 91,5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades en beneficio de escuelas y maestros, como establece el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.