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Miles de niños de KwaZulu-Natal se han visto obligados a ir a la escuela con el estómago vacío. Esto se produce tras el colapso del Programa Nacional de Nutrición Escolar de KZN debido a irregularidades en las licitaciones y a la corrupción. El Departamento de Educación provincial aún no ha facilitado información al respecto.

Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.

Un número de altos funcionarios del Cabo Oriental han sido acusados de corrupción en relación a un programa de nutrición escolar de la provincia por R1 billón; otro caso involucra irregularidades relacionadas al suministro de infraestructuras escolares o denuncias de corrupción en el Departamento de Educación de Limpopo, por el otorgamiento de un contrato a EduSolutions. El contrato para la adquisición de libros de texto escolares en la provincia fue cancelado en 2012, después de haberse pagado millones a EduSolutions.

eNews Channel Africa informa que un documento reciente elaborado por la encuesta de seguimiento escolar muestra que el índice nacional de ausentismo docente en las escuelas sudafricanas ha aumentado del ocho al diez por ciento en un día normal. Los sindicatos docentes discuten la falta de contexto del informe.

Dos personas están en problemas después que presuntamente estafaron cerca de R6 millones del Departamento de Educación de Mpulamanga. El jueves, ambos se presentaron ante la Corte Regional de Nelspruit, por su presunta involucración en el plan ficticio de alimentación escolar. Los “Hawks” (Oficina de crimen organizado) dijeron que, en 2011, los acusados entregaron varias facturas falsas al Departamento de Educación por servicios que nunca fueron prestados. Un empleado del Departamento de Salud supuestamente contrató a dueños de varias compañías para que presentaran dichas facturas. El dinero supuestamente se depositó a las diferentes cuentas individuales y corporativas y posteriormente fue retirado y compartido entre el sindicato.