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Las universidades británicas y los proveedores de itinerarios privados para estudiantes internacionales se enfrentan a acusaciones por admitir a estudiantes extranjeros con requisitos de acceso inferiores a los de sus homólogos nacionales. Esto ha suscitado preocupación por la equidad y la transparencia en las prácticas de admisión, ya que los estudiantes extranjeros pagan a veces hasta 38 000 libras (48 000 dólares) de matrícula, frente a las 9 250 libras (11 700 dólares) que pagan los estudiantes británicos. La controversia pone de relieve cuestiones como los programas International Year One y el papel de los agentes en la selección de estudiantes, lo que suscita llamados en favor de enfoques más éticos y un mayor control en el criterio de selección de estudiantes internacionales.

El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

Un estudio revela que un número significativo de universidades del Reino Unido sigue aceptando millones en efectivo para pagos de matrícula y alojamiento, lo que las hace vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales. Alrededor de veintidós universidades seguían aceptando pagos en efectivo, con un total que alcanzaría los 12 millones de libras en 2019-20. La investigación destaca la preocupación por el hecho de que no se sigan estrictamente las directrices contra el blanqueo de capitales y de que las universidades no informen sobre actividades sospechosas, lo que puede poner en peligro al personal y a los estudiantes. El estudio pide una legislación más estricta para hacer frente a estas vulnerabilidades.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.

El Departamento de Educación de Karnataka ha estandarizado y automatizado el proceso de registro de una nueva escuela. Las normas del nuevo sistema consisten en cargar los documentos pertinentes en el sitio web del Departamento de Educación. La oficina del distrito comprobará los documentos en un plazo determinado y, a continuación, las escuelas serán inspeccionadas por muestreo electrónico. Si se cumplen todas las condiciones, se expedirá un certificado. Para aumentar la transparencia y garantizar el control de calidad de los centros, todos los procesos del Sistema de Seguimiento del Rendimiento Escolar también estarán disponibles en línea.

La organización Ghana Integrity Initiative ha pedido que se elimine el sistema de listas de protocolo en las escuelas secundarias, en el marco del Sistema Informatizado de Selección y Colocación Escolar. Un nuevo documental titulado "School Placement for sale" muestra a padres, tutores y funcionarios encargados de la colocación haciendo presuntos "tratos" para conseguir plazas para los estudiantes. Algunos padres pagaron 20.000 GHS para que sus hijos fueran colocados en escuelas, mientras que otros pagaron 8.500 GHS por escuelas preferentes.

El director de la Agencia Puerta del Futuro fue condenado a siete años de prisión y a una multa de 7 millones de dinares (unos 50,000 dólares), después que 75 estudiantes argelinos que querían matricularse en universidades extranjeras, incluidas las de Ucrania, Turquía y Rusia, fueran víctimas de un fraude. Aunque pagaron a la Agencia grandes sumas de dinero, las condiciones de alojamiento eran pésimas y sus solicitudes universitarias, falsas. Dos de sus ayudantes y tres influencers, procesados en el mismo caso, fueron condenados a un año de prisión y a una multa de 100,000 dinares (unos 700 dólares) cada uno.

El Ministerio de Educación ha anunciado que las cuotas complementarias en las escuelas para los guardias de seguridad son totalmente voluntarias. Y, las escuelas que impidan que los niños asistan a clase porque sus padres no han efectuado dichos pagos, serán sancionadas por la Ley. El MoE también denunció escándalos de corrupción en la provincia sureña de Inhambane, como la venta de certificados falsos o el cobro de 780 dólares para alterar las notas de los exámenes para el ingreso al Centro de Formación de Profesores.

El fraude en los exámenes sigue siendo el mayor reto para la Junta de Admisiones y Matrículas (JAMB), especialmente entre los padres de familia que constantemente piden que sus hijos reciban tratos especiales, sin importar si cumplen con los requisitos. JAMB también está luchando contra la corrupción en instituciones de educación superior que aceptan a estudiantes al margen de los lineamientos del Ministerio de Educación.