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La figura central de la estafa en la que padres con alto poder adquisitivo pagaban enormes sumas para hacer trampas en los exámenes estandarizados, ha sido condenada a tres años y medio de prisión federal. El cerebro de la estafa conocida como Operación Varsity Blues se declaró culpable de asociación ilícita, blanqueo de capitales, y conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y fraude en el extranjero.

El Departamento de Justicia informa que dos funcionarios de educación han sido condenados a prisión tras declararse culpables de realizar inscripciones de manera fraudulenta en escuelas virtuales y luego reclamar para sí el dinero de los fondos públicos. Los distritos recibían pagos del Fondo Fiduciario para la Educación de Alabama como si los estudiantes asistieran a escuelas públicas, mientras que los acusados se apropiaban del dinero estatal en forma indebida mediante pagos directos en efectivo y pagos a terceros contratistas, cuyos dueños resultaron ser cómplices.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

El copropietario de una red de escuelas subvencionadas en línea en California fue acusado de robar decenas de millones de dólares destinados para educación primaria. Usó una variedad de tramas para inflar las matrículas escolares y así obtener fondos educativos estatales, incluyendo conseguir que pequeñas escuelas distritales permitieran que escuelas subvencionadas en línea, ligas deportivas, campos y otros programas juveniles recolectaran información estudiantil, distorsionando calendarios escolares y trasladando a niños entre campus en línea para obtener la máxima financiación.

El fundador y director de la escuela “St. Louis College Prep Charter” se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico relacionados al plan de estafar y obtener fondos de educación del estado de Missouri. De 2011 a 2018, infló las cifras de asistencia de los estudiantes al reclamar falsamente días y horas regulares como escuela de verano y horas de recuperación, desviando $2,400,000 de una fuente infinita de dólares para la educación.

Un empleado de alto nivel del Departamento de Educación utilizó su posición para estafar $5 billones de dinero del gobierno, que debió invertirse en las escuelas públicas. Según el organismo estatal de lucha contra la corrupción IBAC, éste empleado se cubrió las espaldas por siete años, organizando facturas falsas enviadas de compañías de su propiedad, de sus amistades y familiares que no realizaron ningún trabajo.

La directora de la escuela Roslyn de Nueva York, y su asistente, estuvieron involucradas en un caso de estafa donde malversaron $11 millones de los estudiantes. En la escuela pública de Nuevo Orleans, se registraron 30 condenas, incluyendo un ex presidente de una junta escolar quien se apropió de $140,000 en sobornos. Según informes del Inspector General del Departamento de Educación, la oficina recibe más reportes de corrupción de los que puede investigar.

Documentos del estado demuestran que, 11 propietarios de un preescolar y los empleados, robaron millones en impuestos, a través de una variedad de complots, usando el dinero para pagar por todo, desde diamantes y compras en Costco, hasta remodelaciones en sus casas y una boda familiar. A principios del año, grupos defensores de los niños, han advertido sobre la crisis en la educación especial preescolar en Nueva York y firmaron una carta para el gobernador exhortando los aumentos de tasas de reembolso.

Hay 27 casos sospechosos de irregularidades en la administración escolar del Ministerio de Educación. Estas irregularidades incluyen paquetes escolares y diplomas falsos, por un valor total de dos millones de dólares.
 

El FBI arrestó al ex secretario de educación junto con otras cinco personas que participaron en una campaña de corrupción pública, de la cual se beneficiaron a costas de los ciudadanos y estudiantes puertorriqueños. El presunto fraude implicaba $15.5 millones de dinero federal, que se gastó entre 2017-2019. El secretario de educación se acusa de otorgar contratos a amigos, sin pasar por los procedimientos regulares.