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Las universidades británicas y los proveedores de itinerarios privados para estudiantes internacionales se enfrentan a acusaciones por admitir a estudiantes extranjeros con requisitos de acceso inferiores a los de sus homólogos nacionales. Esto ha suscitado preocupación por la equidad y la transparencia en las prácticas de admisión, ya que los estudiantes extranjeros pagan a veces hasta 38 000 libras (48 000 dólares) de matrícula, frente a las 9 250 libras (11 700 dólares) que pagan los estudiantes británicos. La controversia pone de relieve cuestiones como los programas International Year One y el papel de los agentes en la selección de estudiantes, lo que suscita llamados en favor de enfoques más éticos y un mayor control en el criterio de selección de estudiantes internacionales.

Cinco universidades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo para resolver una demanda en la que se las acusa de colusión en materia de ayudas financieras e ilegalidades en la admisión de alumnos, según se desprende de nuevos documentos judiciales. Las universidades de Yale, Columbia, Duke, Brown y Emory pagarán un total de 104,5 millones de dólares para resolver su parte del caso, presentado por cinco exalumnos contra más de una docena de centros. La demanda alega que las universidades infringieron la legislación antimonopolio al ignorar su promesa de no sopesar la capacidad de un estudiante para pagar las cuotas de matrícula a la hora de decidir su admisión, una práctica conocida como “admisión a ciegas ".

La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) ha revelado su preocupación por la delincuencia organizada que se aprovecha de la laxa supervisión de los centros de enseñanza superior no regulados de Inglaterra, que estarían beneficiándose de fraudes en los préstamos a estudiantes por valor de 60 millones de libras. El informe destaca casos de fraude y abuso en proveedores privados de enseñanza superior que ofrecen cursos en colaboración con universidades convencionales. Algunos proveedores supuestamente inscriben a estudiantes con poco interés en completar los cursos para acceder a préstamos de mantenimiento respaldados por el gobierno, lo que les reporta sustanciosos beneficios económicos a través de las cuotas de matrícula y franquicia.

La incidencia del plagio en las declaraciones personales presentadas por estudiantes para el ingreso a universidades británicas se ha duplicado en los dos últimos años, siendo la India el país con mayor número de casos de este tipo entre los solicitantes internacionales. Según un portavoz del Servicio de Admisiones a Universidades y Colegios, en 2023 se identificaron 7 300 solicitudes como plagio, de las cuales 765 procedían de la India, frente a las 3 559 identificadas en 2021.

El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria ha establecido centros de mando estratégicos en todo el país para abordar diversos problemas que invaden las escuelas. Entre ellos figuran la expulsión de alumnos por no pagar la cuota, la oferta de clases extra remuneradas, las prácticas discriminatorias en las inscripciones, los castigos corporales, la imposición de cuotas no aprobadas y otras conductas indebidas. El director de comunicación y promoción del MoPSE instó a las partes interesadas a utilizar los contactos designados para informar cualquier mala práctica. El objetivo es garantizar que todos los niños escolarizados reciban una educación primaria y secundaria de calidad, justa e integral.

La Universidad de Sudáfrica (UNISA) se sometió a una auditoría de la calidad realizada por el Consejo de Educación Superior (CHE), que suscitó preocupación por la ambigüedad de funciones entre el Senado y el Consejo, que podría vulnerar la autoridad académica. La auditoría puso de manifiesto problemas de gobernanza, inscripciones tardías que afectan al éxito de los estudiantes y lagunas en la comunicación con estos. La UNISA ha presentado un plan de mejora para resolver estos problemas y espera la respuesta del CHE.

Un estudio revela que un número significativo de universidades del Reino Unido sigue aceptando millones en efectivo para pagos de matrícula y alojamiento, lo que las hace vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales. Alrededor de veintidós universidades seguían aceptando pagos en efectivo, con un total que alcanzaría los 12 millones de libras en 2019-20. La investigación destaca la preocupación por el hecho de que no se sigan estrictamente las directrices contra el blanqueo de capitales y de que las universidades no informen sobre actividades sospechosas, lo que puede poner en peligro al personal y a los estudiantes. El estudio pide una legislación más estricta para hacer frente a estas vulnerabilidades.

La Ley de Admisión Justa a la Universidad para Estudiantes pretende acabar con las admisiones por legado en las universidades, eliminando el trato preferente a los solicitantes vinculados con la universidad. Esta medida se considera como una iniciativa para crear prácticas de admisión a la universidad más justas, abordando el beneficio de la tradición para las personas blancas acomodadas y la dependencia de tales prácticas por parte del sistema escolar de élite. La presentación del proyecto de ley se produce tras la reciente decisión de la Corte Suprema de poner fin a la discriminación positiva, que tenía en cuenta la raza entre los factores de admisión de estudiantes.

Se ha pedido a once directores de universidades que presenten un informe detallado sobre la capacidad financiera y académica del departamento o facultad dentro de sus instituciones que forma a estudiantes de doctorado. Se espera que proporcionen detalles sobre cómo se utilizó el dinero desembolsado por el Estado a los paneles de defensa de doctorados en el período 2020-21 y 2022-23. De acuerdo con las directrices del Ministerio, los postulantes a doctorado serán aprobados sólo si tienen suficientes medios financieros y académicos para llevar a cabo proyectos de investigación.