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Los casos de corrupción en el sector educativo del estado de Oyo comprenden desde reportes de administradores escolares recolectando dinero de estudiantes para tomar exámenes de prueba, funcionarios pidiendo subvenciones a directores antes de distribuir los materiales escolares que el gobierno compró para los estudiantes, hasta la aceptación de dinero de maestros para desplegarlos a zonas preferenciales. El gobernador anunció que se espera el despido y el enjuiciamiento de todo aquel que a través de prácticas corruptas boicotee los esfuerzos del gobierno.

En la India, el soborno promedio demandado por funcionarios para trasladar a maestros es de Rs 1-2 lakh. Sin embargo, el gobierno ha desarrollado una política de traslado de maestros escolares, transparente y en línea. Ahora, un teléfono inteligente o una computadora, acceso a internet y un cuestionario de 10 preguntas, decidirán el destino de las solicitudes para traslados de docentes. Este nuevo sistema también está diseñado para abordar el problema de insatisfacción laboral y absentismo de maestros.

Un empleado de una compañía privada basada en Guwahati, pagó Rs 80,000 a un pariente que trabaja en la Dirección de Educación Primaria para que trasladaran a su esposa a Guwahati. Por otra parte, otra profesora de una escuela primaria que tiene un puesto permanente y trabaja en una escuela diferente ha aplicado por cinco años, mediante un proceso legal, para que sea trasladada a Guwahati, y su aplicación sigue pendiente. Según un maestro de secundaria, cualquier solicitud de traslado es procesado en Guwahati, solo, si se pagan sobornos.

La corrupción es parte del diario vivir en Tanzania. Maestros aceptan sobornos para dejar que sus estudiantes pasen sus exámenes y hasta para matricular a niños en las escuelas. Y además de eso, pagan sobornos para obtener ascensos o para obtener traslados a lugares más cómodos. “Unidos por nuestros derechos”, es un proyecto implementado por la Unión Europea y dos organismos no gubernamentales de Tanzania que tienen por objetivo empoderar a los ciudadanos para entender mejor sus derechos y cómo abordar corrupciones y asuntos de gobernanzas.