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Tres mujeres de Georgia y un hombre de Alabama se declararon culpables de conspirar para defraudar millones de dólares a los programas de asistencia financiera federal del Departamento de Educación de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, admitieron haber matriculado a personas que no cumplían los requisitos para asistir a la universidad y haber completado solicitudes de asistencia financiera utilizando nombres de estudiantes falsos; también hicieron deberes y exámenes falsos de los estudiantes y manipularon los requisitos de grado para seguir teniendo derecho a la asistencia financiera federal.

Una investigación en una escuela de la Ciudad de Baltimore encontró que los administradores tramaron para inflar las matrículas, presionaron a los maestros para cambiar calificaciones y programaron a los estudiantes en clases que no existían. Durante tres años, cerca de 100 estudiantes permanecieron en las listas, pero no asistieron a la escuela. La escuela operaba cursos vespertinos y de verano diseñados para que los estudiantes pudieran recuperar créditos, pero los cursos no cumplieron con los estándares. En algunos casos, profesores no cualificados fueron asignados a enseñar, y en otros casos, miembros del personal fueron nombrados profesores de una clase que nunca dieron.

Funcionarios escolares de la ciudad de Athens y el condado de Limestone, han conspirado para obtener más financiación pública, alegando que inscriben a estudiantes privados a tiempo completo en el sistema escolar virtual. Los dos distritos escolares recibieron indebidamente alrededor de 7 millones de dólares en fondos educativos estatales para los años escolares 2016-17 y 2017-18. Para noviembre 2017, más de 500 estudiantes de colegios privados se habían matriculado fraudulentamente en los colegios de Athens Renaissance y más de 50 estudiantes en el condado de Conecuh.

Seis funcionarios de la Escuela de Teología Apex, orquestaron una estafa para reclamar fraudulentamente $12 millones en ayuda federal para estudiantes. La conspiración involucraba el reclutamiento de estudiantes falsos, la falsificación de aplicaciones para ayuda financiera, así como el plagio de trabajo escolar y diplomas. El FBI describió la conspiración como un “abuso descarado del programa financiado por el gobierno federal” y “un insulto para todos los contribuyentes”.

El informe se centra en el descubrimiento de miles de profesores y alumnos fantasma en Colombia, que salió a la luz durante la auditoría anual del Ministerio de Educación. Esta auditoría estatal se llevó a cabo en 36.000 secretarías de educación de todo el país.

Profesores trabajando en escuelas inexistentes y en municipios que no se pudieron encontrar en el mapa, centros de educación inexistentes, comunidades que no se pudieron localizar y profesores trabajando en dos regiones a la vez. Estas fueron algunas de las irregularidades que revelaron las estadísticas proporcionadas por el Registro de la Profesión Docente de la Secretaría de Educación.