Página de búsqueda

Cinco universidades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo para resolver una demanda en la que se las acusa de colusión en materia de ayudas financieras e ilegalidades en la admisión de alumnos, según se desprende de nuevos documentos judiciales. Las universidades de Yale, Columbia, Duke, Brown y Emory pagarán un total de 104,5 millones de dólares para resolver su parte del caso, presentado por cinco exalumnos contra más de una docena de centros. La demanda alega que las universidades infringieron la legislación antimonopolio al ignorar su promesa de no sopesar la capacidad de un estudiante para pagar las cuotas de matrícula a la hora de decidir su admisión, una práctica conocida como “admisión a ciegas ".

La Fiscalía General libia ha ordenado la detención de funcionarios de la oficina de becas del Ministerio de Educación Superior en Türkiye, acusados de malversar becas para estudiantes libios por valor de unos 14 millones de euros (15 millones de dólares). La investigación reveló irregularidades que afectaban a 757 alumnos que estudiaban en Türkiye, debido a infracciones tales como retrasos en los estudios, superación de los plazos de titulación y concesión de becas a hijos de funcionarios que ya recibían prestaciones educativas. El Primer Ministro suspendió las becas en el extranjero y retiró al Ministro la autoridad sobre la aprobación de becas.

Tres mujeres de Georgia y un hombre de Alabama se declararon culpables de conspirar para defraudar millones de dólares a los programas de asistencia financiera federal del Departamento de Educación de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, admitieron haber matriculado a personas que no cumplían los requisitos para asistir a la universidad y haber completado solicitudes de asistencia financiera utilizando nombres de estudiantes falsos; también hicieron deberes y exámenes falsos de los estudiantes y manipularon los requisitos de grado para seguir teniendo derecho a la asistencia financiera federal.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

El Comité de Empadronamiento del programa de alimentación local del Gobierno Federal de Nigeria ha descubierto 349 escuelas fantasma en el estado de Nasarawa. El Comité descubrió que algunos funcionarios se estaban embolsando el dinero destinado a las comidas escolares. Dos funcionarios fueron suspendidos y sustituidos, pero se rechazaron las peticiones de retirar al estado de Nasarawa del programa para no castigar a los niños de bajos recursos que reciben ese beneficio.

La Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad ha presentado una denuncia ante el Tribunal Especial contra 11 personas por malversar una enorme cantidad de dinero del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) para llevar a cabo programas de formación docente. La administración de la escuela y los funcionarios del CETP se confabularon para malversar fondos estatales presentando facturas falsas, incluso por instancias de capacitación nunca realizadas.

El Departamento de Justicia informa que dos funcionarios de educación han sido condenados a prisión tras declararse culpables de realizar inscripciones de manera fraudulenta en escuelas virtuales y luego reclamar para sí el dinero de los fondos públicos. Los distritos recibían pagos del Fondo Fiduciario para la Educación de Alabama como si los estudiantes asistieran a escuelas públicas, mientras que los acusados se apropiaban del dinero estatal en forma indebida mediante pagos directos en efectivo y pagos a terceros contratistas, cuyos dueños resultaron ser cómplices.

Dos empleados de la Junta de Préstamos y Becas para Estudiantes de Educación Superior (HESLGB) fueron detenidos en Lilongüe por el presunto robo de 335 millones de MWK (326.000 dólares) destinados a préstamos para estudiantes entre 2018 y 2019 a través de una institución de educación superior privada. Al no poder pagar el alquiler y ofrecer préstamos a los estudiantes de las instituciones terciarias, la universidad propuso a la junta que le donara 10 millones de MWK (9.750 dólares). La junta, en cambio, envió 300 millones de MWK y pidió a la universidad que devolviera la diferencia a varias cuentas pertenecientes a empleados de la junta de préstamos.

La Comisión Anticorrupción ha acusado a cinco miembros y a un director ejecutivo del consejo de administración de la Universidad Norte-Sur (NSU) de abuso de poder, aumentando sus asignaciones hasta diez veces el porcentaje aprobado y comprando autos de lujo a costa de los estudiantes. Durante más de una década, la NSU ha ofrecido varios programas de Licenciatura en Administración de Empresas sin la aprobación de la Comisión de Becas Universitarias. Según un investigador, la NSU estaba autorizada a inscribir a 50 estudiantes en los programas aprobados de esta carrera, pero inscribió a unos 2.700 estudiantes en un semestre.

La Fiscalía de Estados Unidos arrestó a una enfermera especializada, por cargos federales de fraude electrónico, fraude en la ayuda financiera y robo de identidad agravado. Utilizó la información de los médicos y falsificó firmas para certificar diagnósticos de discapacidad que consiguieron la descarga de más de 10,5 millones de dólares en préstamos para al menos 125 personas. Defraudó el programa de condonación por incapacidad total y permanente del Departamento de Educación federal, que alivia los préstamos estudiantiles de quienes sufren discapacidades físicas o mentales permanentes.