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El Presidente del Distrito de Ngoma le ha lanzado una severa advertencia a aquellos directores escolares que inflan el número de matriculaciones escolares con estudiantes inexistentes y que cobran unas matrículas muy altas a estudiantes financiados por organizaciones benéficas. Las autoridades castigarán a todo aquél que sea hallado culpable.

Unos 2.032 textos de educación primaria fueron robados en el distrito de Muhanga entre el 19 de diciembre de 2007 y el 3 de febrero de 2008. Los robos fueron hechos por individuos aún no identificados y se sospecha que están siendo revendidos en Muhanga y Kigali.

La universidad "Laique Advantiste de Kigali" (Unilak) desafío una directiva del Ministerio de Educación que exige la presentación de los títulos académicos de los profesores reclutados con fines de verificación. Según fuentes del ministerio, la dirección de la universidad sigue reclutando estudiantes. La Unilak ha obtenido una autorización provisoria, pero el ministerio no le ha reconocido el derecho a otorgar diplomas, aduciendo que carece de la capacidad para asegurar una educación de calidad.

El Consejo Nacional de Exámenes de Rwanda (Rwanda National Examinations Council–RNEC) ha multiplicado sus esfuerzos para luchar contra el fraude académico. Las organizaciones tendrán que remitir las referencias académicas de todos los candidatos al RNEC para verificarlas antes de reclutar a sus empleados.

La falsificación de boletines de notas para conseguir la admisión en colegios privados de Kigali se encuentra en la lista de retos más importantes que obstaculiza la calidad en la educación. En su discurso durante un taller relacionado con la educación organizado por el Consejo de la Ciudad de Kigali, un activista de la educación de El Poder de la Educación, una sociedad civil local, reveló que un estudio reciente indicaba que más de 100 estudiantes de varias escuelas de la ciudad solían falsificar sus boletines de notas para conseguir ser admitidos.

Transparencia Internacional en Ruanda (TI-Rw) ha emitido un informe según el cual confirma que efectivamente se han utilizado los fondos asignados para un programa de educación básica para niños de 9 años (9YBE). Sin embargo, el informe detectó ciertos retrasos en el desembolso y que no se habían respetado las pautas marcadas por la orden ministerial.