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Un estudio de 2018, reveló que el 70.7% de los estudiantes de segundo año de la Universidad de 8 Mai 1945 Guelma, en Argelia, admitieron haber copiado en exámenes como resultado de una competencia por notas, expectativas de padres de familia y la supervisión ineficiente de los profesores. En un esfuerzo por proteger la integridad académica, el Ministerio de Educación Superior de Argelia, aprobó una nueva ley a finales de 2020, que establece procesos legales para prevenir el robo académico y científico.

La Comisión de Servicio Docente (TSC) ha lanzado un nuevo sistema de inscripción biométrica y validación docente, destinado a abordar la escasez de personal y evitar el uso de títulos falsos. Los datos precargados del sistema de nómina del TSC, se validarán cuando los profesores proporcionen documentos físicos, como un certificado de inscripción, documento nacional de identidad y la carta del primer y último nombramiento junto con sus certificados académicos y profesionales. Este registro piloto se puso en marcha en 143 escuelas en siete condados.

El sindicato de personal de las universidades de Kenia (KUSU), protestó por el despido del jefe de finanzas de la Universidad de Maasai Mara, que fue uno de los que denunciaron la malversación de 190 millones de KES (1.8 millones de dólares). KUSU también pidió la disolución de todo el Consejo Universitario de Maasai Mara por parte del Ministerio de Educación y la destitución del vicerrector en funciones por ocultar los hechos.

El fraude en los exámenes sigue siendo el mayor reto para la Junta de Admisiones y Matrículas (JAMB), especialmente entre los padres de familia que constantemente piden que sus hijos reciban tratos especiales, sin importar si cumplen con los requisitos. JAMB también está luchando contra la corrupción en instituciones de educación superior que aceptan a estudiantes al margen de los lineamientos del Ministerio de Educación.