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Según el Director de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ), el papel que juegan los estudiantes de educación superior en la implementación efectiva de leyes de anticorrupción; es crucial. Durante un simposio organizado por la Comisión Nacional de Educación Cívica, se hizo un llamado a los estudiantes para participar en la lucha contra la corrupción y fomentar en el país la buena gobernanza, estado de derecho, rendición de cuentas y la transparencia.

La Oficina de Integridad Académica abierta por la Universidad en Búfalo, es un espacio centralizado para apoyar y promover la integridad académica. La nueva política permite a estudiantes universitarios remediar acusaciones de integridad académica mediante procesos antes de ingresar permanentemente los datos en sus récords. Esto involucra un curso en línea de cuatro módulos que cubre lo que es integridad académica y proporciona estrategias sobre cómo lograr el éxito con honestidad.

Muchas instituciones en Australia proveen programas de entrenamiento para sus estudiantes de doctorados, pero estos programas varían en calidad, contenido y alcance. La tentación de juzgar el desempeño de un investigador para el otorgamiento de financiación según el número de investigaciones publicadas y enfocarse más en la cantidad que en la calidad es bien fuerte. No solo están llevando a los investigadores a la dirección equivocada, sino que están creando un mercado para criminales en el ingreso a la publicación académica.

Once universidades peruanas, les enseñarán a sus estudiantes a combatir contra la corrupción, usando como base los casos emblemáticos registrados en los pasados 30 años. El Presidente de la Conferencia Episcopal de Perú y el Consejo Episcopal de Latinoamérica, quienes presentaron el curso, describieron el problema de corrupción como un virus social que infecta a las instituciones públicas y privadas, y socava los recursos que necesita el estado para abordar la lucha contra la pobreza.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.