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Informes que una de las universidades de medicina más prestigiosas de Japón alteró las calificaciones de los exámenes de admisión de estudiantes femeninas han provocado un revuelo en los medios sociales. La Universidad de Medicina de Tokio comenzó a manipular los resultados en el 2011 para asegurar que menos del 30% de los aplicantes exitosos fueran mujeres. La Universidad privada dice que investigará los reportes de discriminación. Usuarios en línea se pronunciaron en contra del gobierno japonés por el escándalo. Críticos sugieren que las denuncias eran irónicas ya que el Primer Ministro declaró su compromiso por impulsar la participación femenina en la fuerza de trabajo. El jueves, el periódico más grande de Japón, Yomiuri Shimbun, publicó el informe examinando los números de matrículas estudiantiles, y esto generó quejas.

Un operador escolar que administra la Universidad de Ciencias de Okayama, propiedad de un amigo cercano del Primer Ministro, ha sido vinculado a una adquisición de cero-costo de una propiedad en la ciudad. Según documentos filtrados, la oficina del Primer Ministro pudiera estar involucrada. La escuela está planeando abrir un departamento veterinario en Imabari, al oeste de Japón. Un documento que se dio a conocer recientemente, manifiesta que el Primer Ministro estaba apoyando a la escuela “al más alto nivel”, a pesar que el departamento no ha recibido una aprobación gubernamental para construir en 52 años.

Recientemente, un escándalo ha causado furor entre el público japonés, después de que el Ministerio de Educación presionó a universidades para que les otorgaran trabajo a ex – oficiales de alto nivel. El vice-ministro administrativo de Educación ya ha sido forzado a renunciar a su cargo y otros siete oficiales del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencias y Tecnología enfrentan acciones disciplinarias. Una investigación del gobierno ha sido lanzada para investigar a docenas de oficiales del ministerio. Se esperan resultados a finales de este mes.

El Ministerio de Educación de Japón está en el banquillo de los acusados al descubrirse que presionó a universidades para contratar a oficiales a punto de retirarse, una práctica conocida como amakudari (descenso del cielo) que está oficialmente prohibida en Japón. A finales del 2016, surgió evidencia condenatoria en el caso de un oficial del ministerio que se retiraba y que fue contratado por la Universidad de Waseda. El ministerio intentó esconder su involucramiento, distribuyendo respuestas a preguntas anticipadamente para que todos los involucrados pudieran coordinar una historia de negación.