Desde 2009, la educación y la salud han sufrido recortes y múltiples escándalos de corrupción. Durante la década pasada, gastos en la educación y cultura han bajado del presupuesto del gobierno central del 32.9% al 19.9%. Los estudiantes no tienen bibliotecas, no tienen clases de computación, y solicitudes para financiar y cambiar el techo de una escuela de primaria de San Pedro Sula, porque tenía asbestos, habían sido negadas por autoridades locales y centrales. «Los maestros y padres de familia reunieron $1,500, haciendo eventos para recaudar los fondos, y se pararon en los semáforos pidiendo dinero para poder pagar por las reparaciones», dijo una maestra de primaria.

Una mezcla entre pobreza endémica y corrupción en el sistema educativo, así como los abusos del gobierno, son algunos de los factores que no han permitido que los niños de zonas rurales no tengan acceso a la educación básica. La inversión en educación básica es crucial para el futuro desarrollo, puesto que el 40% de la población de Honduras está por debajo de los 14 años de edad.

Profesores trabajando en escuelas inexistentes y en municipios que no se pudieron encontrar en el mapa, centros de educación inexistentes, comunidades que no se pudieron localizar y profesores trabajando en dos regiones a la vez. Estas fueron algunas de las irregularidades que revelaron las estadísticas proporcionadas por el Registro de la Profesión Docente de la Secretaría de Educación.

Las intervenciones en las direcciones departamentales de educación han generado hallazgos reveladores. Casos de profesores que carecen del perfil necesario para dictar cursos especializaos, exceso de profesores en relación con el número de alumnos o profesores que no tienen alumnos a su cargo son algunas de las trasgresiones encontradas.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.