Gracias a la introducción de un nuevo sistema de censo biométrico, las autoridades educativas descubrieron la presencia de 47,000 estudiantes ficticios en las universidades públicas y privadas de la capital de Conakry. Debido a esta información, el gobierno podrá equipar mejor sus universidades y su personal docente, asegurándose de que los fondos se dirigen donde más se necesitan. El Ministro de Educación Superior ha indicado que este proceso también puede preparar el camino para la introducción de un sistema automatizado de acceso a la universidad.

Existe un amplio consenso entre creadores de políticas y los practicantes, que mientras el acceso a la educación ha mejorado significativamente para muchos niños en países de niveles socio-económicos de media y clase baja; el aprendizaje no ha mantenido su paso. La información es una pieza clave en un amplio rango de estrategias que intentan combatir con las debilidades de la prestación del servicio y la rendición de cuentas en un nivel escolar, aún donde los sistemas políticos desilusionan a nivel nacional.

El Director del Comité del Portafolio en Educación Superior ha condenado a académicos, personal y estudiantes operando en un sindicato con el fin de colocar estudiantes y aplaudió las investigaciones que se han iniciado. Se ha hecho un llamado, que las políticas que se han anunciado por el gobierno y autorizadas por el Parlamento deben ser implementadas. Se pedirá a las universidades a que informen al Parlamento qué pasos se tomarán para colmar cualquier laguna que pueda ser utilizada para perjudicar la legislación y las políticas.

La Comisión de Etica y Anti-Corrupción (EACC) lanzó un reporte acerca del Programa de Educación Primaria Gratis (FPE), después que el Ministerio de Educación reveló que muchas de las escuelas no pueden justificar sus finanzas. De acuerdo al Director Ejecutivo de la EACC, el reporte ayudará a asegurar la rendición de cuentas en escuelas públicas, dado que los directores de las escuelas tendrán que detallar en qué gastaron cada chelín asignado por el gobierno.