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un reconocido especialista en investigación de la obesidad se declarará culpable por haber formulado falsas declaraciones en la solicitud de un subsidio de US$ 542.000 al National Institute of Health de los EE.UU. en 1999. El investigador, quien ejercía varios cargos en la Escuela de Medicina de la Universidad de Vermont (UVM) en Burlington podría ir a la cárcel hasta por cinco años.

El Departamento de Educación ha puesto en marcha una página Web que cuenta con una lista de 6.900 instituciones académicas acreditadas por una agencia de acreditación o autorización del Estado. La página Web está diseñada para ayudar a los empleadores a distinguir entre las instituciones acreditadas de educación superior y las instituciones no acreditadas, comúnmente llamadas "fábricas de títulos", que ofertan grados falsos.

El Ministerio de Justicia de los EE.UU. podría resucitar una queja que podría sentar precedente y pretende obtener cerca de US$ 1.000 millones de la Universidad de Phoenix, la institución de educación superior privada más grande del país. La queja fue rechazada en mayo por un juez de un tribunal de distritro federal en California basándose en consideraciones técnicas, pero la parte apeló.

El jurado de inculpación federal de Kansas acusó hace un mes a un ex entrenador de baloncesto de una facultad de haber arreglado que sus jugadores recibieran créditos académicos fraudulentos y haber robado US$ 120.000 en Pell Grants. El ex entrenador se expone a un total de 51 años de prisión y más de US$ 1,5 millones en multas si se lo encuentra culpable de todos los cargos.

El valor canadiense más amenazado es la capacidad de mantenerse libre de corrupción, según afirma el sector industrial. La encuesta de Transparencia Internacional de 2005 revela que Canadá se ha colado en el puesto 14 de la lista de países percibidos como libres de corrupción, cuatro escalones por debajo de su tradicional puesto 10.

Un auditor ha sido acusado de haber maquillado las cuentas para ayudar a ocultar el robo de más de 11 millones de dólares. Las acusaciones implican al superintendente de distrito por el robo de más de 2 millones de dólares, al superintendente adjunto, por apropiación indebida de 4 millones de dólares, y a un ex empleado de contabilidad de la escuela, por el robo de 780.000 dólares. El dinero se estaba destinando a la compra de obras de arte, joyas, viajes al extranjero e hipotecas de viviendas. El escándalo ha desencadenado un cambio radical en la forma de auditar las finanzas de los centros escolares en todo el estado.

Los legisladores de Oregón han aprobado un proyecto de ley que obliga a las personas que busquen empleo en el estado a incluir una cláusula de exención de responsabilidad en su curriculum vitae en torno a aquellas cualificaciones que no hayan sido expedidas por una institución de educación superior avalada por una agencia de acreditación competente reconocida por la autoridad estatal. Esta medida forma parte de una campaña de lucha emprendida por los legisladores del estado contra las instituciones de educación que poseen estándares académicos insuficientes o inexistentes. La Oficina de Autorización de Títulos incluye en su sitio Web una lista de más de 300 instituciones no reconocidas.

El centro de educación secundaria Compton perdió la acreditación de la Asociación Occidental de Escuelas y Colegios en junio. El organismo de acreditación regional citó, entre otras causas para revocar la revocación de la acreditación, la mala administración, la falta de planes de educación, la carencia de servicios de apoyo a los estudiantes y la existencia de un personal administrativo inadecuado. Ahora, el Estado se está haciendo cargo de la escuela, a pesar del sistema altamente descentralizado propio de California.

Según investigaciones llevadas a cabo en Nicaragua, de entre los 3.500 profesores de colegios autónomos que reciben un salario mes a mes, en realidad solo 1.945 de ellos están realmente dando clases. Por lo tanto, al menos 555 salarios se pagan a profesores ficticios o a personas que utilizan en falso (fraudulentamente) los nombres de los profesores.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.