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El Sistema de la Universidad de California aceptó indebidamente a 64 estudiantes adinerados con buenas conexiones, como favores a donantes, familiares y amigos y rechazó la aplicación de estudiantes más calificados la misma oportunidad de educación. 55 personas fueron acusadas de soborno y fraude para conseguir la admisión, incluyendo credenciales falsas de estudiantes-atletas.

Los auditores estatales reportan fraude, malversación de fondos, activos y otras prácticas ilegales fiscales bajo el programa de bonos del Distrito Escolar Unificado de El Rancho. Entre mayo 2015 y febrero de 2019, los investigadores dicen que hubo dos problemas en la forma en que el distrito contrató a los contratistas: la Junta de Educación estaba demasiado involucrada y el público poco informado, y el proceso de contratación carecía de transparencia y estaba teñido de corrupción.

Dos profesores fueron acusados por utilizar su negocio de preparación de exámenes para ayudar a la gente a hacer trampa en los exámenes de certificación de maestros del estado. Las acusaciones incluyen 108 cargos de fraude electrónico y tres cargos de robo de secretos comerciales. Según la Fiscalía, la pareja tomó varias veces los exámenes de Liderazgo Educativo y los exámenes de certificación de profesores de Florida, junto con otros empleados memorizaron las preguntas y respuestas con el fin de diseñar una guía de estudio.

La corrupción académica vinculada a la pandemia del COVID-19, resalta la urgencia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en universidades africanas. Dicha corrupción incluye la mala práctica en investigaciones, gestión de investigaciones cuestionables, mal manejo de fondos de investigación y fraude en la contratación. Varios funcionarios universitarios ignoraron procedimientos de contratación para la adquisición de materiales y equipos para investigaciones sobre el coronavirus. Se identificaron 33 documentos como inadecuados para uso público y se retractaron, retiraron o se observaron con preocupación

El Departamento de Educación de Florida, reveló que, el distrito escolar del condado de Sarasota, falsificó registros y colocó a estudiantes en evaluaciones alternativas para evitar examinaciones estatales o rendición de cuentas y beneficiarse financieramente. Investigadores encontraron que 27 de 66 muestras de archivos estudiantiles no incluyeron suficiente documentación para demostrar que fueron colocados correctamente.

El director de la ahora cerrada Universidad Cristiana de Ruanda y el ex Primer Ministro de Ruanda recibieron una pena de tres años de cárcel y una multa de 892.2 millones de francos ruandeses ($907,000 dólares americanos), después de que se encontrara culpable de emitir cheques sin fondos y de no pagar salarios a su personal docente y administrativo. La Oficina de Investigación de Ruanda también arrestó al ex vicerrector de la Universidad de Kibungo por presunto nepotismo y mala gestión de las finanzas universitarias.

El Sindicato de Estudiantes Minoritatios de Meghalaya (AMMSU) ha presentado una queja al comisionado y al secretario de estado en relación a la escuela BPN Zaman Girl’s UP. Según el presidente de AMMSU, un local de la aldea de Phersakandi, dijo que nadie ha escuchado ni estudiado en esta escuela. Sin embargo, desde 1992, la escuela y sus maestros falsos siguen recibiendo subvenciones y los fondos públicos se han malversado por décadas.

Seis funcionarios de la Escuela de Teología Apex, orquestaron una estafa para reclamar fraudulentamente $12 millones en ayuda federal para estudiantes. La conspiración involucraba el reclutamiento de estudiantes falsos, la falsificación de aplicaciones para ayuda financiera, así como el plagio de trabajo escolar y diplomas. El FBI describió la conspiración como un “abuso descarado del programa financiado por el gobierno federal” y “un insulto para todos los contribuyentes”.

Desde su implementación en 2012, las admisiones del derecho a la educación han estado plagadas de solicitantes fraudulentos.
Para el presente año académico, el gobierno ha pedido a los padres que firmen una declaración jurada, aceptando responsabilidad por la autenticidad de los documentos. A pesar de haber sido informados de un proceso penal si se descubre que los documentos son falsos, se ha mentido descaradamente a los padres con antecedentes sólidos para que reciban la admisión gratuita para la escuela destinada a personas de escasos recursos.