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Una ex administradora del Distrito Escolar Independiente de Houston fue sentenciada a un año de libertad condicional por su involucración en el escándalo de admisiones, en la que atrapó a padres de familia adinerados de todo el país. Fue acusada de tomar sobornos del consultor de admisiones en el centro de la trama, a cambio de permitir que alguien tomara los exámenes en representación de los hijos de sus clientes o de corregir sus respuestas. El año pasado, otras 50 personas fueron arrestadas en la trama, en la que, las autoridades declararon que jóvenes que no lo merecían fueron aceptados a las mejores universidades con credenciales atléticas falsas o calificaciones de exámenes falsas.

El Sistema de la Universidad de California aceptó indebidamente a 64 estudiantes adinerados con buenas conexiones, como favores a donantes, familiares y amigos y rechazó la aplicación de estudiantes más calificados la misma oportunidad de educación. 55 personas fueron acusadas de soborno y fraude para conseguir la admisión, incluyendo credenciales falsas de estudiantes-atletas.

El Departamento de Educación de Florida, reveló que, el distrito escolar del condado de Sarasota, falsificó registros y colocó a estudiantes en evaluaciones alternativas para evitar examinaciones estatales o rendición de cuentas y beneficiarse financieramente. Investigadores encontraron que 27 de 66 muestras de archivos estudiantiles no incluyeron suficiente documentación para demostrar que fueron colocados correctamente.

Las universidades privadas en Yemen, cobran las cuotas de matrículas en dólares americanos y crean sus propios tipos de cambio de moneda, causando que muchos estudiantes abandonen la universidad. Hasta el 2017, el Banco Central de Yemen en Sanaa fijó el precio del dólar en 250 riales yemeníes. Sin embargo, universidades privadas en Taiz, fijaron la tasa de cambio a 400 riales por un dólar, y las universidades de Aden a 500. Otras universidades privadas requieren que los estudiantes en Aden paguen en dólares y no aceptan riales. Esto obliga a los estudiantes a recurrir al mercado negro, con una tasa de cambio de 820 riales, por dólar.

Desde su implementación en 2012, las admisiones del derecho a la educación han estado plagadas de solicitantes fraudulentos.
Para el presente año académico, el gobierno ha pedido a los padres que firmen una declaración jurada, aceptando responsabilidad por la autenticidad de los documentos. A pesar de haber sido informados de un proceso penal si se descubre que los documentos son falsos, se ha mentido descaradamente a los padres con antecedentes sólidos para que reciban la admisión gratuita para la escuela destinada a personas de escasos recursos.

Entre 2013 y 2019, 64 candidatos fueron matriculados injustamente a la Universidad de California por tener vínculos personales o familiares con donantes o personal académico. El auditor del estado informó, que la universidad ha perjudicado la integridad y equidad de su proceso de admisiones y ha negado la oportunidad de matricularse a estudiantes más calificados.

La directora del Training Domain, una institución educativa de Fort Meyers, diseñada para mejorar las aptitudes laborales de los estudiantes, ha sido acusada con 10 cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude de la Asistencia Federal del Estudiante (FSA). De julio 2017 a abril 2019, asistió a estudiantes en la aplicación de ayuda financiera, pero en lugar de utilizar los ingresos del préstamo y subvención, para impartir las clases y para otros gastos educacionales, la directora se quedó con los fondos de la FSA y lo dividió con los estudiantes. También falsificó diplomas de secundaria.

Una auditoria revela que “Indiana Virtual School” e “Indiana Virtual Pathways Academy”, recibieron indebidamente $68.7 millones en pagos del estado al confirmar inapropiadamente a estudiantes inscritos entre 2011 a 2019, a pesar de no tener actividad de curso en línea. Ambas escuelas operaron bajo una misma administración y declararon 7,200 estudiantes el año pasado. Sin embargo, cerraron el verano pasado después que funcionarios nacionales cortaran la financiación.

Una auditoría realizada en la Universidad de Yonsei en Seúl, reveló 86 casos de irregularidades, incluyendo admisiones injustas, evaluaciones y cuestiones de contratación, así como denuncias de malversación de fondos universitarios por parte de profesores que usaron las “tarjetas corporativas” de la universidad para pagar entretenimiento en clubes nocturnos y golf. Veintiséis miembros del personal de la facultad están sujetos a medidas disciplinarias, y se han presentado ocho casos de violaciones de los reglamentos, incluidas denuncias de mala conducta o estafa y violaciones de las leyes de escuelas privadas.