En Bangladesh, el fraude académico se desarrolla en proporciones épicas, desde copiar música hasta copiar tareas y comprar tesis. La contratación de copia y plagio no solo se ha generalizado entre los estudiantes, sino que también es practicada por los miembros de la facultad de la Universidad de Dhaka. También han habido incidentes, donde la rama estudiantil de un partido político obligan a los profesores a aprobarles el examen después de contestar erróneamente y a veces hasta sin llegar a tomarlo.

Un profesor de la Universidad de Sur Africa (UNISA), le dió a un estudiante el trabajo plagiado de su asistente de investigación que se fue de la universidad. Le ayudó fraudulentamente a obtener una maestría y después un doctorado. UNISA le dió una advertencia válida por 12 meses.

Según 10 científicos de Ucrania; el plagio, la pseudociencia, sobornos y la copia son algunas de las grandes amenazas que enfrentan los académicos en Ucrania. Alrededor del 90 por ciento de todos los profesores de ciencias en Ucrania, no son investigadores legítimos. Un estudio realizado por estudiantes de posgrado en la ciudad de Lvivs, demostró que el 93 por ciento de los estudiantes reportaron haber plagiado sus tareas y el 48 por ciento dijo haber pagado sobornos en su universidad.

La corrupción académica existe en la educación doctoral, aun cuando debería reflejar los más altos estándares de integridad académica. Los títulos de doctorados se han vuelto muy populares entre políticos, burocráticos estatales, funcionarios públicos y personas buscando empleos académicos. En Ucrania, se ha formado un mercado completo de escritores fantasmas que ofrecen disertaciones por encargo. Este mercado está conformado no solo por individuos, sino por compañías oficialmente registradas. Si en 2009, habían 16 de esas compañías, para el 2016 el número se había triplicado, alcanzando las 46.

A pesar de continuas acusaciones de fraude académico y crímenes financieros en contra de su familia, un ex profesor de derecho fue nombrado el nuevo ministro de justicia. Su esposa, también profesora, fue acusada presuntamente de falsificar material que hubiera ayudado a su hija a entrar a la universidad y obtener becas. En protesta contra el gobierno, líderes de la oposición se rasuran la cabeza

En una entrevista con un periódico local, el Ministro de Educación de Malasia, dijo que se están realizando esfuerzos para llevar a cabo un cambio a gran escala en el mundo académico. Se llevará a cabo una revisión a los Organismos Estatutarios (Disciplina y Recargos) Art. 605, de excluir a académicos de ciertas reglas gobernando a los funcionarios públicos. Esto involucra temas de libertad académica, integridad, plagio y otros.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.

La “Contratación para hacer trampa” se está convirtiendo en algo común en muchas de las universidades australianas, con una gama de servicios de fácil acceso ofreciendo terminar tareas o tomar exámenes por dinero. Algunos servicios hasta ofrecen a los estudiantes la posibilidad de seleccionar el tipo de nota, y ajustar el precio según la nota escogida. El gobierno presentó una nueva ley y la persona ofreciendo los servicios de trampa a estudiantes, podrían enfrentar dos años de prisión y una multa de $210,000.

El rector del Instituto de Economía de Negocios y su vicerrector fueron acusados de fraude, falsificación y venta de documentos, soborno comercial y mediación. Una de las aspirantes del instituto dijo que la oficina de admisiones le ofreció que pagara 450 mil rublos ($7,054) por tres años de estudio. El hecho que la Universidad había sido despojada de su licencia dos años antes, no fue impedimento para que el rector siguiera cobrando a candidatos por educación superior.