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Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Según el jefe de la Agencia de Garantía de Calidad de la Educación Superior (QAA), las fábricas de ensayo se han convertido en un “asunto de salud y seguridad pública”, afectando a toda la sociedad. Si los estudiantes hacen trampa en sus licenciaturas, habrá personas que entran a las profesiones cuando no están calificadas para realizar el trabajo que se requiere. Esta práctica se está extendiendo a estudiantes de sexto grado que buscan a las fábricas de ensayo para completar sus trabajos escolares.

Universidades de Nigeria han sido acusadas de manipular los informes de registros de estudiantes y contratación de profesores ya contratados por otras universidades. Querían convencer a la Comisión Nacional de Universidades (NUC), que tenían suficiente personal para cumplir con los requisitos de proporciones de estudiantes de maestría y mantener la acreditación de su programa. Otra cuestión que se planteó en el proceso de revisión de la NUC, es la práctica de enviar a profesores a monitorear actividades en sus propias áreas de estudio. Esto ha llevado a profesores a poner en peligro los estándares para favorecer a sus colegas que también pueden ser enviados a acreditar programas en sus escuelas.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.

El rector del Instituto de Economía de Negocios y su vicerrector fueron acusados de fraude, falsificación y venta de documentos, soborno comercial y mediación. Una de las aspirantes del instituto dijo que la oficina de admisiones le ofreció que pagara 450 mil rublos ($7,054) por tres años de estudio. El hecho que la Universidad había sido despojada de su licencia dos años antes, no fue impedimento para que el rector siguiera cobrando a candidatos por educación superior.

Muchos estudiantes de la India caen en manos de intermediarios inescrupulosos y terminan siendo admitidos a universidades falsas o de estándares bajos, después de haber invertido cantidades fuertes de dinero. A fin de ayudar a los estudiantes a autenticar cursos e instituciones de América y prevenir el fraude, la Embajada de los Estados Unidos en India, está lanzando una aplicación especialmente diseñada para ello. La aplicación fue desarrollada como un proyecto piloto en alianza con una firma consultora de Inmigración y visas de la India, para proporcionar orientación sobre información de becas por asesores capacitados.

Según un reportaje publicado por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior y el Grupo de Calidad Internacional, la corrupción en la educación superior varía entre países, pero resalta prácticas con poca ética, inapropiadas e ilegales. Algunos ejemplos incluyen a líderes universitarios y profesores con doctorados inmerecidos o falsos, impactando en la gobernanza de algunas universidades rusas. En Kosovo se han propagado los «consultores fantasmas» o absentismo de académicos de alto nivel, delegando sus responsabilidades de enseñanza o supervisión a subalternos o estudiantes de investigación; y en Uganda estudiantes y maestros acosando sexualmente, amenazando o causándole daño a personal docente.