En los medios de comunicación

Un profesor de la Universidad de Chapman ha demandado a un grupo de estudiantes que publicaron dos de sus exámenes en un sitio web de intercambio de documentos, para solicitar por adelantado respuestas a varias preguntas de redacción. Según la demanda civil presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU., el profesor solicita una indemnización por daños y perjuicios por infracción de los derechos de autor y por violación ética del código de honor de Chapman. Los ensayos contenían una advertencia que estaban protegidos por derechos de autor.

La Encuesta Nacional de Seguridad Estudiantil 2021 del Centro de Investigación Social, informó de 1,835 incidentes de acoso y agresión sexual en las universidades australianas. El informe cualitativo incluía la presentación de una estudiante internacional, acosada por un miembro del personal universitario. A la estudiante no sólo se le dejó toda la responsabilidad de su propia seguridad mientras la universidad seguía protegiendo a su miembro del personal, sino que también se le pidió que dejara de asistir a los seminarios y eventos sociales de la universidad.

En los últimos dos años, han faltado 100,000 alumnos de las listas de escolarización. El Gobierno ha anunciado que se introducirá un registro nacional para evaluar cuántos alumnos no asisten a la escuela en todo el país. El Libro Blanco sobre las escuelas anunció que se introducirían leyes para modernizar el registro de asistencia, con una "solución nacional de datos" utilizada para hacer un seguimiento de la asistencia y proporcionar una "red de seguridad" para los alumnos vulnerables en riesgo de desaparecer de las listas escolares.

El Tribunal Superior del Estado de Gombe condenó a un director de escuela secundaria jubilado a dos años de prisión, por fraude y gestión de instituciones ilegales. Entre 2009 y 2015, estafó a los candidatos por más de 3,8 millones de euros, con el pretexto de ofrecerles la admisión en sus tres instituciones superiores ilegales.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

Un profesor de antropología del Yale College, denunció ante el Comité Ejecutivo de la Universidad a 81 de un total de 136 estudiantes, por el uso inadecuado de materiales en línea y del curso durante los exámenes de cuaderno abierto. En 2020, el Comité Ejecutivo amonestó a 49 de los 78 estudiantes, 10 fueron puestos en libertad condicional, cinco fueron suspendidos y 14 fueron declarados no responsables o se les retiraron los cargos.

Cuatro edificios abandonados han hecho millonario a un profesor de primaria de Gwalior. Sus escuelas privadas de enfermería y educación, permanentemente cerradas, supuestamente vendían títulos falsos a cientos de estudiantes cada año, sin impartir cursos ni darles formación práctica en hospitales. Una investigación demostró que Gwalior se ha convertido en un centro de emisión de títulos de enfermería en colegios privados baratos afiliados a universidades estatales y acreditados por el Consejo de Enfermería.

La Oficina Central de Investigación presentó un informe contra el antiguo subdirector de la dirección de educación escolar de Bengala Occidental, funcionarios de la Comisión de Servicios Escolares y del Consejo de Educación Secundaria por conspiración criminal, estafa, falsificación con fines de engaño y utilización de un documento o registro electrónico falsificado como auténtico. Se extendieron ventajas indebidas en el nombramiento de candidatos no merecedores de puestos de personal del Grupo D, violando las normas departamentales y utilizando documentos falsos.

La Universidad Nacional de Pusan, anunció la decisión de revocar la admisión de 2015, de la hija del ex ministro de Justicia en su facultad de medicina porque sus padres falsificaron sus credenciales. El reglamento de admisión estipula que los solicitantes no pueden ser admitidos si su documentación es falsa, y puede ser cancelada incluso décadas después de la graduación si se descubre el fraude.

Un falsificador detectado en 2019 por el Ministerio de Educación Superior ha sido acusado de falsificación, y venta de documentos oficiales, fraude y blanqueo de capitales. Desde 2015, vendía miles de diplomas falsos a 200 euros cada uno. Con la complicidad de un conductor de taxi-ambulancia que fotografiaba los documentos de los pacientes, compraba tarjetas de prepago con estas identidades falsas, que luego eran pagadas mediante transferencias electrónicas por los compradores de los diplomas falsos a través de sus propias tarjetas de prepago.